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La defensa del exdirector de Administración y Finanzas de la Gobernación de Central Javier Marcelo Rojas Giménez, acusado junto con el exgobernador Hugo Javier González por el supuesto desvío de G. 18.300 millones de la institución departamental planteó esta mañana recusación en contra del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.
El recurso fue planteado bajo patrocinio del Abg. Fernando Rojas, quien argumentó una supuesta “animadversión y resentimiento que el magistrado evidencia en contra del procesado Javier Marcelo Rojas Giménez”, porque no hizo lugar a su pedido para incorporar entre los elementos de pruebas la auditoría de gestión de Hugo Javier González al frente de la Gobernación de Central, ya para la audiencia preliminar.
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Con el recurso planteado por la defensa, no podrá llevarse a cabo la audiencia preliminar de la causa, cuyo inicio estaba marcado para las 08:00 de este martes, y el caso quedará a cargo de un Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, que deberá resolver si hacer lugar a la solicitud y aparta a Estigarribia o si lo confirma como magistrado a cargo de la presente causa.
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Esta es la segunda causa por presuntos hechos de corrupción en la Gobernación de Central que afronta el “Número 2″, teniendo en cuenta que el lunes se inició su juicio oral y público por la supuesta “tragada” de G. 5.105 millones de los fondos covid, en que está acusado junto con otros cinco funcionarios del ente departamental.
Nueva suspensión por recusación contra juez
El pasado 6 de mayo ya había iniciado la audiencia preliminar en esta causa, pero se suspendió debido a la recusación planteada por la defensa de Hugo Javier en contra del juez Rodrigo Estigarribia, con el fundamento que la diligencia no debió iniciar porque la competencia del magistrado no estaba firme, según indicó el Abg. Fausto Portillo, defensor del encausado.
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En octubre de 2023, el entonces juez de Garantías de la causa José Agustín Delmás resolvió que vayan a juicio oral 10 de los acusados de lesión de confianza y otros hechos punibles, por el desvío de G. 18.300 millones en la Gobernación de Central y otorgó salidas procesales a siete investigados, a cambio de millonarias donaciones.
La presente causa inició con la imputación de más de 40 personas, entre ellas el exgobernador Hugo Javier González, funcionarios de la Gobernación de Central y representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que recibieron desembolsos de los fondos de la institución departamental.
Sin embargo, la mayoría de los encausados obtuvieron salidas procesales como la suspensión condiciones del procedimiento; o fueron condenados en un procedimiento abreviado, pero no irán a prisión a cambio de millonarias donaciones.
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Acusación resalta perjuicio de G. 18.380 millones
Todos los acusados son sospechosos de formar parte de un esquema delictivo que se montó para el desvío ilícito de fondos de la institución departamental a través de erogaciones irregulares. Los hechos investigados son lesión de confianza, apropiación, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Según la acusación, el exgobernador Hugo Javier firmó 51 resoluciones por medio de las cuales autorizó transferencias de los millonarios fondos para la presunta ejecución de los 51 proyectos propuestos por el Consejo Regional de Salud del departamento Central, el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), la Asociación Plantemos Conciencia, el Centro Nacional de Organizaciones Populares (CENOP) y la Asociación Ecodesarrollo.
De acuerdo a las evidencias colectadas, quedó comprobado que todas las transferencias autorizadas entre marzo del año 2019 y diciembre de 2020 fueron hechas indebidamente, en atención a que no se habría cumplido con los procedimientos y requisitos establecidos. Del monto total de G. 24.424.032.733 que fue desembolsado, la Fiscalía señala en su acusación que el perjuicio ocasionado a la Gobernación asciende a G. 18.384.427.005.
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El fiscal anticorrupción Silvio Corbeta resaltó que la auditoría y fiscalización realizada por la Contraloría General de la República detectó que los proyectos no fueron ejecutados en su totalidad y que de los poco más de veinticuatro mil millones destinados para los proyectos, solo se ejecutaron unos seis mil millones.
Hugo Javier y las irregularidades en su gestión
La acusación fiscal resalta que los proyectos para los cuales fueron desembolsados los fondos no contenían el “plan de acción” a ser ejecutado, es decir, que no fueron especificadas las acciones a ser realizadas, así como tampoco se brindaron detalles de los bienes y servicios que serían adquiridos.
Los planes no tenían un presupuesto debidamente elaborado, con la descripción de los precios unitarios y totales, a fin de analizar la razonabilidad de los recursos a ser desembolsados. Tampoco fueron identificados los lugares en los que deberían ser ejecutadas las actividades.
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Los proyectos que contemplaban construcciones no especificaban qué tipos de obras se realizarían, tampoco el lugar de ejecución, no tenían planos de ubicación, especificaciones técnicas, ni el precio de cada una de ellas, pese a ello, la Gobernación realizó los desembolsos.
Rendición de cuentas no fue presentada por las ONG
La acusación presentada por la fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción puntualiza que luego de las transferencias, las organizaciones que recibieron las millonarias sumas de dinero no presentaron las copias de rendiciones de cuentas visadas por la Contraloría General de la República (CGR).
Las entidades beneficiadas no presentaron a la administración departamental el certificado original y vigente de una cuenta bancaria, cuenta corriente o caja de ahorro, pero igual recibieron los cheques de forma directa que luego fueron efectivizados.
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El Ministerio Público puntualiza en la acusación que los fines y objetivos de varios proyectos, para los cuales la Gobernación de Central desembolsó los millonarios montos, no guardaban relación con los fines u objetivos de las entidades beneficiadas con dichos desembolsos.