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La polémica se desató cuando la comuna curuguateña anunció la compra de un inmueble de 5 hectáreas ubicado en la calle Itandey, a unos 7 kilómetros del centro de la ciudad, sobre la ruta PY03. El objetivo es destinarlo a la instalación de un nuevo cementerio, ya que el existente está colapsado y no puede albergar más difuntos.
Sin embargo, los vecinos del barrio se oponen rotundamente al proyecto y presentaron una medida cautelar ante la justicia para impedir el inicio de las obras. Según argumentan, el lugar no reúne las condiciones adecuadas para albergar un cementerio, pues tiene un declive pronunciado, está cerca de un arroyo y de un pozo artesiano que abastece de agua a las familias, además alberga cultivos y pisciculturas.
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María Del Rosario Espinoza, una de las vecinas afectadas, negó que su rechazo se deba a algún tipo de maldad o capricho. Afirmó que defenderán su derecho a vivir en un ambiente sano y seguro. “Acá hay muchas familias, hay pozo artesiano de donde consumimos agua a 25 metros nada más, hay chacra, hasta piscicultura”, señaló.
Ante la negativa de los pobladores, el intendente Ramírez dijo que recurrirá a una medida cautelar de urgencia para obtener el respaldo de la Policía Nacional y poder realizar los trabajos en el terreno. Aseguró que el inmueble cuenta con todos los permisos ambientales para ser usado como cementerio y que no hay otra opción viable para solucionar el problema de la falta de espacio para sepultar a los muertos.