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En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el abogado Juan Carlos Mendonca, representante legal de la ex senadora opositora Kattya González, habló del proceso en marcha sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por esta contra su expulsión del Senado y respondió a cuestionamientos hechos por representantes del oficialismo cartista en el Congreso hacia un dictamen de la Fiscalía sobre el caso.
El pasado viernes, el Ministerio Público presentó a la Corte Suprema de Justicia un dictamen no vinculante en que analiza que la expulsión de González del Congreso –impulsada por la bancada oficialista cartista en el Senado– fue inconstitucional porque se hizo en violación del reglamento interno de la Cámara Alta, teniendo en cuenta que la legisladora opositora fue expulsada con una mayoría simple de 24 votos, cuando el reglamento del Senado establece un mínimo de 30 votos para un procedimiento de pérdida de investidura.
Mendonca explicó que el caso está actualmente en manos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, compuesta por tres de los nueve ministros de la Corte, que tiene la potestad de decidir si la resolución con la que el Senado expulsó a Kattya González es o no constitucional.
Sin embargo, el asunto podría pasar a consideración del pleno de la Corte si es que uno de los miembros de la Sala Constitucional pide la “ampliación de la sala”.
En Paraguay no existen los actos no justiciables
Luego de la publicación del dictamen del Ministerio Público, voceros del cartismo en el Congreso acusaron a la Fiscalía de intromisión en asuntos del Poder Legislativo y argumentaron que la expulsión de González fue un acto político no justiciable.
Sin embargo, Mendonca argumentó que en el sistema jurídico paraguayo no existen los actos no justiciables y agregó que no se puede hablar de intromisión cuando la propia Constitución Nacional establece un sistema de control recíproco y balance entre los tres poderes del Estado.
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El abogado citó el artículo 137 de la Constitución, que reza que “carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido” en la Carta Magna; el artículo 247, que otorga al Poder Judicial la potestad de “interpretar, cumplir y hacer cumplir” la Constitución, y el artículo 260, que deposita en la Sala Constitucional de la Corte Suprema la responsabilidad de decidir sobre la inconstitucionalidad de leyes, actos normativos y resoluciones judiciales.
“En nuestro sistema jurídico no existen actos no justiciables, todos los actos son revisables por el Poder Judicial”, enfatizó. “No puede decir el Congreso que este es un acto privativo (del Parlamento), es absolutamente contrario a la Constitución Nacional”, sostuvo.
Opinó que el dictamen presentado el viernes por la Fiscalía es “categórico y no deja lugar a dudas” en su conclusión de que los derechos constitucionales de Kattya González fueron violados.
“La protección de la Constitución Nacional no se da solo para salvaguardar derechos particulares, sino también la primacía de la Constitución, de todo el orden jurídico”, agregó.
Argumentó que el caso de Kattya González no se limita simplemente a los derechos de la exlegisladora, sino que tiene como trasfondo “dejar claro que la Constitución está por encima de las mayorías, que las mayorías no pueden dejar sin efecto disposiciones constitucionales”.
¿Qué pasará si Corte decide que expulsión fue inconstitucional?
El letrado explicó que en caso de que la Corte Suprema, la Sala Constitucional o el pleno resuelvan que la expulsión de Kattya González fue inconstitucional, quedaría anulada la resolución del Senado por la que la senadora fue expulsada y el regreso de González al Senado debería ser inmediato, sin necesidad de una nueva toma de juramento.
“Si la Corte declara que (la expulsión) es inconstitucional, todo se retrotrae al momento anterior y al retrotraerse todo es como si la destitución nunca hubiese existido”, ilustró.
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Consultado sobre un escenario hipotético en que el Senado desacate esa decisión de la Corte y se oponga a la restitución de González a su banca, Mendonca explicó que un paso posible sería procesar por desacato a los legisladores que se opongan, pero señaló que esa medida se enfrentaría al problema de los fueros parlamentarios de esos legisladores.
En última instancia, señaló, la exsenadora podría llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y opinó que si eso ocurre es muy probable que Paraguay reciba una condena.
Sin embargo, el abogado dijo confiar en que “en el Senado la gente va a recapacitar” y que hay gente en la Cámara Alta que votó a favor de la expulsión pero lo hizo “sin convicción o con la convicción de que estaban haciendo algo errado”.