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El ministro superintendente de la Circunscripción de Central Eugenio Jiménez Rolón fue quien el pasado 31 de mayo ordenó auditar la gestión de la jueza penal de Garantías de Central Isabel Bracho, horas después que la magistrada dictara el arresto domiciliario de Julio César Duarte Servián, acusado de cómplice en el secuestro con derivación fatal del cambista Vicente Arsenio Centurión Ramírez, ocurrido en agosto de 2022 y cuyo cuerpo fue hallado en Artigas (Itapúa), en febrero de 2023.
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En dicha causa Bracho intervino como interina de su colega Gladys Fariña, quien había dictado la prisión preventiva del encausado, y tomó la decisión de dictar el arresto domiciliario luego que el 26 de abril de este año, es decir un mes antes, ella misma haya rechazado el mismo pedido de la defensa.
Sin que exista hecho nuevo la jueza de Garantías Isabel Bracho atendió la solicitud de la defensa, que contó con la anuencia del fiscal interino José Luis Casaccia, y revocó la prisión preventiva del acusado como cómplice de secuestro.
La Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional del Poder Judicial, que tiene como director interino al Abg. Rodolfo Heyn, designó como auditora del caso a la Abg. Ana Montiel, quien en la brevedad posible elevará al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un informe sobre el expediente “Gustavo Osmar González, Sindulfo Abel Fernández Pavetti, Marcelo Bonet Aguayo, Julio César Duarte Servián y Luis Darío Candia Zelada s/Secuestro”.
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Jueza es investigada en caso Galindo
En junio del año 2023 la fiscalía abrió una investigación en contra de la jueza Isabel Bracho y la entonces agente fiscal Egidia Gómez, luego de las publicaciones de ABC sobre presuntas coimas que habrían recibido ambas para favorecer al presunto traficante de drogas Walter José Galindo Domínguez. El caso está a cargo del fiscal Néstor Coronel.
Los investigadores del caso Mercat interceptaron comunicaciones entre Walter Galindo y sus abogados Crispín Gilberto Rojas García y Fernando Bernal, quienes llevaron a cabo las diligencias en el anterior proceso del cual Galindo salió airoso tras obtener su libertad, a través de supuestos pagos hechos a la fiscala Egidia Gómez y la jueza Isabel Bracho.
Pese a la gravedad de las sospechas contra la magistrada, en abril de este año el pleno de la Corte Suprema de Justicia, a propuesta del ministro Eugenio Jiménez Rolón, confirmó a Isabel Bracho como jueza Penal de Garantías de Lambaré, correspondiente a la Circunscripción Judicial de Central.
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