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El concejal asunceno Álvaro Grau destacó que ya tiene un equipo jurídico listo para analizar la contestación del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, ante el amparo judicial concedido ayer. Dijo que la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto dinero sacó realmente el jefe comunal en concepto de bonos, cuánto interés se ha pagado hasta la fecha, qué obras se deberían haber hecho con todo ese dinero y cómo avanzaron.
Señaló que los administradores municipales se exponen a tres años de cárcel si desacatan el mandamiento judicial.
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“Ahí va a caer todo el relato discursivo que tienen para sostener que son los ‘zares de las obras en Asunción’. Ellos se pasan recitando tres obras de desagüe, que costaron G. 85 mil millones, pero si te ponés a ver solo en el G7 de 2021 se sacaron G. 58.000 millones, con el pago de adelanto de obras de San Pablo y Abasto, tenemos G. 107 mil millones, te sobran 50 mil millones todavía”, planteó.
Además, agregó que no solo se retiraron más bonos, sino que también la administración de Nenecho se estaba preparando para pedir otros G. 308.000 millones. En ese sentido, señaló que por un lado se está perjudicando al ciudadano asunceno, pues se están pagando más intereses sin una retribución en la mejora de calidad de vida. Dijo que, en ese sentido, es un perjuicio patrimonial.
Además, destacó que también se está afectando al comprador de bonos y se puede hablar de una “posible estafa”, puesto que no se sabe cómo la Municipalidad de Asunción podrá pagar si no tiene fondos.
Se está “estafando” al asunceno
En otro momento, señaló que ninguna institución debería gastar más de lo que recibe cada año. “Vos tenés que hacer reingeniería de tus gastos, ver prioridades. Acá hicieron lo contrario: estaba ingresando menos dinero y gastaron más. Les subieron las tasas y se endeudaron más. Ahí vemos que la irresponsabilidad se fue al extremo y estamos en esta situación de que evidentemente la municipalidad, con esta administración, no va a llegar a ningún lado”, cuestionó.
Agregó que la municipalidad debe reducir sus gastos a través de una reingeniería y una escala de prioridades, con el objetivo de dar una mejor calidad de vida al ciudadano.
“No se puede continuar estafando al ciudadano por barrido de calles si no se barre en su calle, porque lo que generás en el ciudadano es rebeldía, porque no recibe o no existe el servicio, no encuentra un solo motivo en su barrio para decir ‘quiero estar en regla pagando mis impuestos’”, declaró el concejal.