Cargando...
Cerca de las 10:30 de este sábado, funcionarios de la Policía Municipal Fiscalizadora se constituyeron en la cantina del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS). Se notificó a la empresa Keops Group SA sobre la inmediata suspensión de actividades “hasta la obtención de la licencia comercial municipal correspondiente”.
El director jurídico del IPS, José González, confirmó que la firma no cuenta con los planos aprobados, no cuenta con la licencia ambiental y también debe pagos por impuestos a la Municipalidad de Asunción.
Lea más: Conceden cantinas del IPS por 10 años a firmas cercanas al consejero Gustavo Arias
Millonaria deuda con el IPS
Además, destacó que la firma debe más de G. 3.000 millones al IPS, en concepto de alquiler. Aseguró que desde hace tres años que la firma no paga a la previsional, por lo cual hace dos meses se inició el proceso legal para el desalojo.
Unite al canal de ABC en WhatsApp
La representante de la empresa Keops Group SA es Nélida Gamarra. La firma debe en concepto de alquiler G. 1.699.191.184 y por el refinanciamiento G. 2.208.069.194.
Volvieron a abrir pese a la clausura
El director jurídico señaló que le informaron que la empresa ignoró la orden municipal y aparentemente volvió a abrir sus puertas para seguir operando. Señaló que argumentan que cargaron con muchas mercaderías la cantina, previendo el feriado largo, y deben venderlas.
Agregó que la municipalidad advirtió con duplicar el monto de la multa en caso de incumplimiento de suspensión de actividades.
Propietaria de la empresa da su versión
Ante este caso, Nélida Gamarra compartió su versión de los hechos y resaltó que si bien existe una deuda suya hacia la previsional, ella fue “presionada” a llegar a esto ante una negativa de fraccionamiento por los alquileres durante el periodo de la pandemia, desde un inicio.
Según recuenta, durante el 2020 y el 2021 sus ventas solo correspondían como al 15% de lo usual e incluso esto motivó a que tenga que cerrar varias de las cantinas que tenía, ya que de igual manera tenía compromisos con sus trabajadores, colaboradores, proveedores y gastos operativos.
“Durante todo el 2020 tuve que mantener mi plantel de 150 colaboradores y subsistir como todos. Un año y medio se me acumuló el alquiler y yo pedí un fraccionamiento en cinco años pero me negaron; solo me dieron 12 meses con una entrega inicial de casi 170.000.000 Gs. en concepto de mora e intereses punitorios, con por una cuota 100 millones más el alquiler de 100 millones y totalizando 200 millones mensual a pagar en pleno 2021 cuando empezaría a recuperarme de la pandemia vendiendo empanadas, aguas y gaseosa”, detalló.
También enfatiza que en esa misma oportunidad por su aporte obrero patronal 2020 al IPS -que era un monto similar a su deuda del alquiler en ese momento- sí se le permitió un fraccionamiento de la deuda a cinco años con una entrega de 10 millones y que gracias a eso hoy se encuentra al día con su pago de aporte por sus colaboradores pero no así fue el caso del alquiler, lo que desencadenó en que tenga que volver a pedir un nuevo fraccionamiento de cinco años que fue nuevamente negado y en esa oportunidad le dieron tres años de plazo pero tras un pago de más de 500 millones en concepto de solamente mora y punitorios con una cuota de aproximadamente 170.000.000, sumado esto al alquiler.
Sin embargo, por otra parte, menciona que tuvo conocimiento a través de publicaciones periodísticas que el Instituto de Previsión Social había adjudicado a otras empresas las cantinas de otras de sus dependencias por montos muchos menores que van desde G. 1.500.000 por plazos hasta 10 años de contrato y con incluso hasta 2 años de gracia, beneficio que ella no tuvo ni por la pandemia.
Así también ella había solicitado una disminución del alquiler al 50%, lo que se le había negado, pero posteriormente se enteró por publicaciones que adjudicaron la cantina del hospital central a otra empresa que se presentó tan solo una nota por lo que leí y por la mitad del precio -50 millones-, algo que consideró como “muy injusto y engorroso”.
“Mi negocio no tiene un margen tan importante como para pagar 200 millones al mes además de mi personal, compromisos y materia prima. Yo tuve que sacar un préstamo por el interés moratorio de 500 millones en plena pandemia para pagar esta mora de pandemia. No me apoyaron mientras que yo hice todo de la manera correcta e incluso hipotequé mi casa por este local, porque fue grande la inversión para este proyecto; me aniquilaron en plena pandemia haciéndome pagar sumas millonarias solo en mora porque decían que no se podía fraccionar ni contratar por más de tres años. Me presionaron a que llegue a esto y yo hice todo por las vías correspondientes, inclusive para ser adjudicada participé de licitación y concurso”, sostiene.
Planos de la cantina
En referencia a la situación de los planos -que también es un argumento para el cierre de la cantina- la mujer aseguró que en reiteradas ocasiones pidió al IPS el plano aprobado contra incendios para hacer su gestión ya que estos forman parte de su propiedad y no la suya.
“No es mi terreno y como inquilina les hice una nota y luego un correo pero no me contestaron; yo pedí los planos aprobados pero no me proveyeron. Ahora me ensucian todo y parece que yo soy la irresponsable; claro que hay una deuda pero hice todo por las vías correspondientes. Es muy triste y no merezco esto porque realmente me jugaron muy mal, yo soy una mujer joven que trabajó por este proyecto desde la universidad y durante madrugadas, y mi trabajo es resultado de mucho esfuerzo desde hace más de 15 años”, finalizó.