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Ayer causó revuelo la audiencia pública por el anteproyecto de ley que propone cobrarle G. 515.455 a los que no hicieron el Servicio Militar Obligatorio (SMO). Destacó que el objetivo real no es cobrar multas, sino que los jóvenes encuentren más “atractivo” cumplir con un trabajo social en caso de no querer ir a los cuarteles.
Aseguró que en la ley vigente la esencia es cobrar multas, pese a que no se establecen mecanismos de cobro obligatorio para los objetores de consciencia y no se cumple. Sin embargo, señaló que con el anteproyecto que están trabajando lo que buscan es que los jóvenes deseen hacer el trabajo comunitario.
Explicó que el objetivo es que los objetores de consciencia se acerquen a la Defensoría y presten el servicio en sus propias ciudades, evalúen las opciones y ayuden a su comunidad.
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“La opción del pago para nosotros no es la más importante”, enfatizó. Señaló que se prevé que los jóvenes que se declaren insolventes o padezcan alguna enfermedad puedan presentar un certificado y ser exonerados.
Además, para los universitarios se reduce la cantidad de horas, de 480 a 240 horas de servicio, sea militar o comunitario.
Señaló que el lugar para cumplir el servicio puede ser elegido por cada joven y luego solo se trata de presentar el certificado para obtener el carnet de objetor.
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Pagos para los objetores de consciencia
Por otra parte, comentó que en el proyecto se incluye un pequeño pago de G. 100.000 para que los objetores de consciencia puedan cubrir sus gastos de movilidad hasta el lugar donde prestará su servicio comunitario.
Explicó que ese dinero será cubierto con los fondos que se adquieran a partir de la multa para quienes no deseen hacer ninguno de los dos servicios.
Recalcó que estarán exentos de esta “multa” las personas que se declaren insolventes o casos puntuales, que podrán ser aceptados por el Consejo. Todos los procesos deberán realizarse ante la Defensoría el Pueblo.
El defensor aclaró que no se prevén sanciones más estrictas para quienes eviten el servicio y tampoco paguen las multas. “El proyecto recién se presentó en audiencia pública. La idea es pulirlo bien, que no tengamos problemas con la redacción, y después presentar al Congreso. En 30 días estaría listo”, finalizó.