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El viceministro de Política Criminal, Víctor Benítez, indicó que el Ministerio de Justicia no pudo comprobar el origen del capital invertido para el emprendimiento “Prisioneros del sabor”, cuya fábrica está dentro de la penitenciaría de Emboscada. “No tenemos las facturas ni los nombres de quienes compraron las maquinarias”, señaló.
Por ese motivo, ante otros detalles que evitó mencionar por seguridad, señaló que decidieron enviar al Ministerio Público toda la documentación para solicitar investigación. Indicó que la Fiscalía tiene a su disposición detalles, por ejemplo, relacionados a quiénes trabajaban en el emprendimiento de personas privadas de libertad y el nombre de la persona que hizo el trámite municipal y ante el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN).
“La Fiscalía ahora debe analizar si se abre o no una carpeta fiscal”, destacó sobre cómo puede avanzar esta causa.
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El viceministro detalló que la fábrica de picantes fue instalada entre marzo y abril del 2023, es decir durante la administración anterior. Se encuentra operativa dentro de un espacio que anteriormente era utilizado para la carpintería.
“Se hizo una puesta a punto para instalar todas las máquinas, porque sabemos que necesitan tener un ambiente limpio, sin contaminación y demás, entonces eso llevó tiempo, infraestructura y capital”, planteó.
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Pastor Insfrán sigue en huelga de hambre
Señaló que el único ligado al caso A Ultranza que se encuentra en Emboscada es el “pastor” José Alberto Insfrán, quien actualmente se encuentra realizando una huelga de hambre. “Está siendo monitoreado por el Ministerio de Salud y gente de derechos humanos, para garantizar el cumplimiento de todos sus derechos”, señaló.
El viceministro manifestó que varias personas privadas de libertad formaban parte del emprendimiento, pero no pudo detallar si hay otro reo ligado al narcotráfico.
Aseguró que se tienen varios registros y datos, pero que todos están a disposición fiscal. “Tenemos que investigar, por ejemplo, cómo se distribuyen las rentas”, planteó.
En ese sentido, detalló que las ganancias de trabajos dentro de las cárceles deben dividirse entre la persona privada de su libertad, su familia, gastos judiciales e inversión dentro de la cárcel.