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El 13 de mayo de 2024, siendo las 04:55, una comitiva encabezada por el fiscal Silvio Corbeta allanó la mansión donde residía Wilfrido Cáceres, ubicada en la calle 24 de Junio casi Brasil de San Lorenzo. En la ocasión, el agente fiscal les dio tres horas a los ocupantes para desalojar el inmueble, que quedó a cargo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), cuyos funcionarios realizaron un inventario de los bienes.
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A través de un incidente innominado, la defensa de Cáceres –actual funcionario de la Junta Municipal con un salario de G. 9.040.645– cuestionó la incautación de objetos varios que no guardan relación con los objetivos señalados en la orden de allanamiento y solicitaron al juez penal de garantías especializado en delitos económicos la devolución de los mismos.
Heladeras, hielera, choppera, consola de sonido, parlantes, monitores de estudio, televisores, cuadros, equipos informáticos, placard, utensilios de cocina son entre otros, los objetos que Cáceres sostiene que fueron indebidamente entregados a la Senabico y pide recuperar.
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Cuestionamiento de Wilfrido Cáceres
“En ese sentido se materializó el indebido despojo de enseres personales, a saber: (electrodomésticos en general de uso diario, heladeras, cocina, lavarropas, plancha, aspiradora, lavavajillas, bebederos de agua, bidones de agua, fabricadora de hielo de cinco kilos, choppera de 8 litros, juegos de living, cuadros, alfombras, sillas, mesas de apoyo, escritorio de oficina, televisores, sillones de jardín, sombrillas de jardín, camas, ropero, rack de televisión no empotrable, juegos de comedor con sus respectivas sillas, prendas de vestir, elementos de trabajo como ser equipos informáticos, equipos e instrumentos musicales, mobiliario para decoración, herramientas en general, enseres de limpieza, alimentos para humanos y animales domésticos, utensilios de cocina, conservadoras, bebidas alcohólicas y no alcohólicas); todo ello en la expulsión que fuera practicada por los funcionarios de SENABICO con anuencia del Ministerio Público”, señala la defensa de Cáceres.
Intervención de la Senabico, a pedido del fiscal
Por su parte, el fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca solicitó el rechazo del incidente innominado planteado por la defensa, tras destacar que su actuación se realizó de acuerdo a la normativa legal vigente y que todo lo actuado se encuentra documentado.
Corbeta explicó que en atención a que la Senabico es el órgano técnico encargado de la guarda, custodia y administración y destino de los bienes de interés económico incautados o comisados, solicitó a la referida institución la constitución de funcionarios para realizar los procedimientos propios para la recepción, identificación, inventario, registro, preservación, custodia de los bienes incautados de interés económico o de valor equivalente bajo los principios de eficiencia y transparencia de la función pública.
“Así mismo, corresponde mencionar que al momento de ingreso a la vivienda se pudo verificar que esta sería una construcción de gran estructura en su edificación (tipo mansión), decorada con materiales y terminaciones de primera calidad, observando que en su interior se encontraba equipada con muebles modernos, electrodomésticos de lujo - última generación empotrados (acero inoxidable), equipos de audio, cabina insonorizada de grabación y percusión, varios instrumentos musicales, mezcladoras y consolas profesionales, obras de arte (cuadros), arañas colgantes, etc., que a la simple vista serían susceptibles de un gran valor comercial, muy superior a los treinta (30) jormnales establecidos por Resolución N° 226/2023; razón por la cual a fin de precautelar los bienes, conservar o mantener la productividad o valor de los bienes, esta Representación Fiscal ha solicitado a la SENABICO, (...) que se constituyan en el lugar los funcionarios de la institución (...)”, resaltó el fiscal.
Juez destaca que Fiscalía está obligada a precautelar bienes
Tras estudiar los argumentos de las partes, el juez Estigarribia destaca que el procesado está investigado por enriquecimiento ilícito, ante la sospecha de falta de que habría incrementado su patrimonio sin justificación, por lo que el Ministerio Público está obligado a asegurar los bienes que podrían ser objeto de un eventual comiso y rechazó el incidente.
“El incidentista menciona que el inmueble y los muebles son evidencias y objetos de pruebas por lo que de conformidad a lo establecido en el Artículo 14° inciso a) de la Ley N.° 5678/17 no pueden ser entregados a la SENABICO. Sin embargo, si bien es cierto que lo incautado es indicativo de la comisión de un supuesto hecho punible, no es menos cierto que son considerados en la categoría de bienes incautados pues la ley dice que son bienes incautados todos aquellos que están sujetos a medidas cautelares, precautorias o de aseguramiento dictadas por juez competente o Ministerio Público, y que sean objeto de comiso o privación de beneficios y, en este caso, es necesario asegurar los bienes para un eventual comiso”, explica el magistrado.
No obstante, dispuso que una vez concluido el inventario, sean entregados a Cáceres los bienes cuyo valor no superen los 30 jornales (G. 3.092.730). A juzgar por el derroche de lujo que se observa en la fina decoración de la mansión intervenida, será todo un desafío encontrar los bienes que se adecuen al tope establecido por el juzgado.
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El 13 de abril pasado, el juez Penal de Garantías Rodrigo Estigarribia procesó a Wilfrido Adrián Cáceres Flores, a su esposa, la odontóloga Ruth Jazmín Da Silva Almirón, y a la secretaria de esta y estudiante de odontología Camila Ramírez Gómez, tras admitir la imputación presentada por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta.
Estigarribia dispuso además el embargo sobre dos terrenos, que componen un inmueble, de San Lorenzo, hasta cubrir G. 1.500 millones, cada uno.
Compró terrenos sin tener capacidad financiera
En enero de 2023, nuestro diario reveló una transacción hecha entre el matrimonio de Wilfrido Cáceres y Ruth Da Silva con Camila Ramírez, en torno a los dos terrenos –ahora objeto de embargo– adquiridos el 9 de julio de 2020 por la pareja por la suma de G. 50 millones cada uno. Sobre estos, edificaron una ostentosa casa que el 13 de agosto de 2021 transfirieron a Ramírez, vía escritura pública, por valor de G. 100 millones.
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Esta operación, que sería una simulación para que el matrimonio oculte sus bienes, situación expuesta por ABC, abrió camino al inicio de una causa penal, a cargo del fiscal Silvio Corbeta.
En su imputación, el fiscal señaló que Wilfrido Cáceres presentó tres declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República (CGR), correspondientes al 22 de marzo de 2019, el 4 de agosto de 2021 y 24 de noviembre de 2021. Tras un examen de correspondencia, la entidad concluyó que no existe correspondencia entre los bienes declarados y los ingresos obtenidos del matrimonio.
La Contraloría también verificó que Camila Ramírez, al tiempo de adquirir la propiedad no tendría ingresos suficientes para adquirir los mencionados inmuebles.