Dictan salidas procesales para seis imputados por contrabando

Seis paraguayos de origen libanés que se dedican al comercio fueron condenados a dos años de cárcel con suspensión de la ejecución de pena, en un proceso por contrabando y producción de documentos no auténticos. El juzgado de Garantías atendió el planteamiento de las defensas e impuso sumas millonarias en concepto de reparación de daño.

El juez Humberto Otazú explica los argumentos de la resolución tomada, consistente en la prisión preventiva.
Dr. Humberto Otazú, juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos a cargo de la causa.Archivo, ABC Color

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Los beneficiados con la salida procesal son Khalil Ahman Hijazi, Víctor Javier Espinoza Ríos, Juan Carlos Sorazabal Rodríguez, Zulma Damiana Fernández de Hijazi, Hussein Ghaleb Hijazi y Hamze Ali Hijazi, quienes admitieron los hechos de contrabando y producción de documentos no auténticos, y el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú aplicó el procedimiento abreviado.

Para no ir a la cárcel los empresarios paraguayos de origen libanés tendrán que donar, en concepto de reparación del daño, sumas que van desde G. 50 millones hasta G. 200 millones, a ser distribuidas entre distintas entidades de beneficencia.

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Según la imputación, Khalil Ahmad Hijazi en su carácter de presidente de la firma “España Informática SA”, y en forma coordinada con los demás socios y despachantes ahora procesados, habría presentado “facturas adulteradas” a la Dirección Nacional de Aduanas para realizar los procesos de despachos aduaneros de mercaderías importadas.

Millonaria evasión, según imputación fiscal

En las facturas que fueron presentadas entre los años 2012 y 2015, supuestamente expedidas por comercios extranjeros, se habrían consignado montos inferiores a los realmente pagados por las mercaderías, según detalla la fiscalía en la imputación.

“Mediante tales acciones se habrían despachado mercaderías por aproximadamente US$ 79.948.648,32, cuyo supuesto valor real sería de aproximadamente US$ 132.271.212,02, con lo que existiría una diferencia total de US$ 52.516.091,30, en declaraciones falsas de la base imponible”, resalta parte de la imputación fiscal.

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