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Guillermo Preda Galeano es uno de los procesados por la Fiscalía tras la denuncia del expresidente de la República, Horacio Cartes, de una supuesta filtración de informes relacionados con el exmandatario. Preda es un funcionario antiguo que pertenece a los registros del Instituto de Previsión Social (IPS), pero estuvo comisionado en la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad).
El 23 de mayo último, el Consejo del IPS suspendió a Preda de sus labores en la previsional sin goce de sueldo mientras dure el proceso judicial en su contra. Al respecto Preda envió una nota al presidente del IPS, Jorge Brítez, reclamando su derecho a defenderse y a que se presente la documentación en relación a los argumentos jurídicos para la suspensión. Le llamó la atención las violaciones a sus derechos y que además no se le abriera un sumario.
En contacto con ABC Color, su abogado Jorge Rolón Luna dijo que sospechan que esta resolución es una vendetta del actual Gobierno contra su cliente y que se habría producido una orden superior. Comentó que desde que asumió Santiago Peña la Presidencia del Paraguay estuvieron buscando la manera de sacarlo y optaron por algo similar a echarlo, que es suspenderlo sin goce de sueldo.
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Asesoría Jurídica mintió en su dictamen, afirma abogado
La Asesoría Jurídica del IPS emitió tres dictámenes sobre Preda, donde estaba un miembro de nombre José González Maldonado, según Rolón. “Insistían que era viable suspenderlo en base al artículo 40 del estatuto del funcionario de la previsional. Pero el problema es que este artículo es inconstitucional”, expresó.
Explicó que no corresponde porque vulnera la presunción de inocencia porque está imputado. “En uno de los dictámenes la Asesoría Jurídica mintió al decir que tenía requerimiento de prisión preventiva y que estaba con arresto domiciliario”, dijo.
Agregó que no hubo sumario porque en el caso de Preda no existió una falta ni grave ni leve. Manifestó que hubo un intercambio de notas entre el Consejo y esta Asesoría. “Los integrantes del Consejo le preguntaban: qué pasa con la presunción de inocencia y con la Convención Americana de Derechos Humanos, a lo que ellos (Asesoría Jurídica) respondían cualquier cosa”, subrayó.
Caso similiar de una funcionaria del IPS
Tiempo atrás a una funcionaria del IPS también se le había suspendido sin goce de sueldo por estar imputada.
En aquel antecedente, la Justicia revirtió la resolución de suspensión porque el artículo 40 no se puede aplicar.