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El Tribunal de Apelación en lo Penal, primera sala, destrabó la causa penal abierta a partir del Operativo Berilo, al rechazar la recusación presentada por el exdiputado colorado Ulises Quintana contra el juez Penal de Garantías Miguel Palacio por supuesta parcialidad.
El político acusado por supuesta asociación criminal de la ley de drogas y supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico, cuestionó la decisión del juez de rechazar el pedido de suspensión de audiencia planteado por su abogado, razón por la cual el día de la audiencia Quintana se presentó en el Juzgado en Asunción y como su defensor se encontraba en Ciudad del Este, el juez dispuso que participara por medios telemáticos.
“El hecho de que el juez recusado haya retrasado pronunciarse sobre el pedido de aplazamiento de audiencia preliminar realizado por mi defensor técnico, que se sustenta en un motivo justificado, y el hecho de que ahora intente forzar la realización de la audiencia preliminar al margen de las condiciones establecidas en la Ley 6495/2020, denotan una manifiesta falta de imparcialidad, que lo inhabilita para intervenir en este juicio”, argumentó el recusante, tras concluir que la decisión cuestionada lo dejó en estado de indefensión.
En su contestación, el juez Palacios destacó que la defensa de Quintana cuenta con las herramientas procesales (reposición y apelación en subsidio) para buscar restablecer lo cuestionado, “por lo que para nada resulta necesario invocar los mismos motivos en esta recusación, y una vez más con ello imposibilitar la realización de la audiencia preliminar, afectándose de esa forma el derecho constitucional de los demás coprocesados de contar con una resolución definitiva en un plazo razonable”.
Cámara advierte a Ulises Quintana posibilidad de sanciones disciplinarias
“(...) es importante señalar que este Juzgado ha sido recusado reiteradas veces en la presente causa, todos ellos con fines dilatorios. Este magistrado vuelve a reafirmar que tiene obligación de intervenir y resolver las cuestiones procesales que vinieron desarrollando en el marco de esta causa, donde para nada resulta pertinente recusar o intentar apartar al juez natural del proceso, con el argumento de resolver cuestiones procesales propias de la causa”, concluyó el magistrado Palacios.
Los camaristas Arnulfo Arias, Arnaldo Fleitas y José Waldir Servín concluyen que no se advierten motivos que ameriten la separación del magistrado y destacan que eso debe dar únicamente cuando ocurran causas graves.
Finalmente, los camaristas advierten a la defensa de las disposiciones del artículo 112 del Código Procesal Penal; la facultad de los jueces de velar por la regularidad del litigio y de aplicar las sanciones cuando se compruebe la mala fe o el ejercicio de la profesión con mala fe.
Recusación suspendió audiencia del caso Berilo por octava vez
Con el recurso planteado por la defensa de Quintana se suspendió por 8ª ocasión la audiencia preliminar, en la que debe analizar si eleva a juicio la presente causa penal, como solicitó el fiscal antidrogas Carlos Alcaraz, en la acusación ratificada en mayo del año 2022.
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La acusación presentada por la fiscala Lorena Ledesma en setiembre de 2019 y ratificada en mayo de 2022 afirma que la organización liderada por Reinaldo Cabaña Santacruz, “Cucho”, introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia que luego eran trasladados al departamento del Alto Paraná, para posteriormente enviarlos al Brasil. El grupo fue desactivado el 6 de setiembre de 2018, con el operativo Berilo, consistente en más de 20 allanamientos en Ciudad del Este.
Además, el referido grupo delictivo inyectaba al sistema financiero paraguayo el dinero proveniente de dicho ilícito, siempre de acuerdo al relato de la acusación, conforme a la hipótesis del Ministerio Público.
La acusación contra Cucho Cabaña es por los presuntos hechos de tráfico internacional y comercialización de drogas, asociación criminal y lavado de dinero; y en contra del exdiputado Ulises Quintana es por supuesta asociación criminal de la ley de drogas y supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
En cuanto a Ulises Rolando Quintana Maldonado, la acusación fiscal afirma que fue financiado por Cucho Cabaña, con dinero proveniente del narcotráfico, para acceder al cargo de diputado, con el único objetivo de que utilice su investidura, las veces que sean necesarias, para que la organización criminal ejecute, sin dificultad, sus actividades ilícitas.