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El líder del movimiento evangélico Centro de Convenciones Avivamiento (CCA), José Insfrán Galeano, quien se encuentra privado de su libertad desde el 16 de noviembre de 2023 en el marco de la investigación abierta a partir del megaoperativo contra el narcotráfico A Ultranza Py, pretende que el Estado paraguayo lo indemnice por supuestos daños y perjuicios.
Para el efecto, el abogado Nelson López Ruiz inició las diligencias preparatorias “a los efectos de plantear juicio ordinario de indemnización de daños y perjuicios contra personas innominadas, ocupando funciones de la función pública y contra el Estado paraguayo”.
“Pero ahora su vida está comprometida con la huelga de hambre. Ojalá destaquen eso también que en este momento es prioridad. Solo piden mejores condiciones de vida, están como animales allí”, expresó López, tras destacar que su representado inició la medida de fuerza el martes pasado.
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A través de dicha presentación, que ya ha sido atendida por el juez en lo civil y comercial Guillermo Riveros Florentín, López solicita al magistrado que requiera una serie de informes al Ministerio de Justicia (MJ) y a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
“Esta diligencia responde a la necesidad de acceder a la copia íntegra actos administrativos y resoluciones administrativas que fundamenten la eventual promoción de la demanda de daños y perjuicios contra los actores mencionados, a raíz de la emisión de calificación hacia mi persona como alta peligrosidad capaz de poner en riesgo la seguridad interna del Estado, en perjuicio de mi derecho constitucional a la presunción de inocencia”, argumenta Insfrán en el escrito presentado por López.
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Pedido de informes sobre José Insfrán Galeano
A petición de López, el magistrado solicitó al Ministerio de Justicia que informe si la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Emboscada fue habilitada por resolución ministerial y en su caso, si está destinado para acoger a personas privadas de libertad en forma preventiva y bajo normativa legal.
El titular del MJ deberá informar igualmente si José Alberto Insfrán Galeano fue calificado como persona privada de libertad de “alta peligrosidad” por algún organismo técnico especializado, legalmente constituido. En caso positivo, se deberá remitir al juzgado el informe que contiene los argumentos y los elementos de pruebas que le haya servido de sustento para dicha calificación.
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Por otro lado, la Senad debe informar si Insfrán estuvo recluido en dicha sede y en su caso, especificar el periodo de reclusión. La institución también deberá precisar si durante su reclusión en dicha dependencia el pastor ha sido objeto de medida disciplinaria por conductas contrarias a la ley o reglamento de la institución y en caso positivo, remitir los antecedentes completo a este juzgado en el plazo de 48 horas.
La Secretaría Antidrogas deberá informar igualmente si la institución cuenta con un organismo técnico competente para calificar a personas privadas de libertad en dicho lugar como de alta peligrosidad y/o de alto riesgo, debiendo remitir en su caso, los criterios legales correspondientes.
Asimismo, la Senad debe precisar si el agente especial Daniel Fernández, director de S.I.U. tiene competencia para emitir informe para caracterizar a una persona recluida preventivamente como de alto perfil y de alta peligrosidad, en su caso, remitir el título habilitante y la resolución que así lo nombre.
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Proceso a José Insfrán en el caso A Ultranza es por lavado de activos y asociación criminal
José Insfrán Galeano está procesado por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal, se presentó ante las autoridades el 16 de noviembre del 2023, tras permanecer prófugo de la justicia por casi dos años.
El pastor evangélico es señalado por el Ministerio Público como supuesto contribuyente en el esquema de lavado de activos del grupo encabezado por el uruguayo prófugo Sebastián Marset y que involucra además a sus hermanos Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias tío Rico, Yolanda y Carolina Insfrán Galeano y Conrado Insfrán Villar.