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El fiscal de la Unidad Penal N° 3 de la Fiscalía Regional de Paraguarí, Alfredo Ramos Manzur, en la imputación contra Eligia Peralta alega que existen suficientes elementos de sospecha de la existencia del supuesto hecho de punible de sustracción de energía eléctrica, sabotaje y perturbación de servicios públicos.
La intervención fiscal policial se realizó el 19 de mayo en el inmueble ubicado en Yarigua’ami del distrito de Sapucái, propiedad del exdiputado Miguel Cuevas (ANR), durante la cual se constató la utilización de energía eléctrica de forma clandestina, señala el acta de imputación.
El representante del Ministerio Público solicitó suspensión de la ejecución de prisión preventiva e impuso prohibición de salir del país, firma de libro de control judicial, pago de lo adeudado a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y una caución real que la jueza Digna Ocampos deberá imponer de acuerdo a su criterio.
La jueza penal de garantías del primer turno de la ciudad de Paraguarí, Digna Ocampos, fijó audiencia de imposición de medidas para el próximo 11 de junio a las 07:30. Hasta el momento la ANDE no agregó a la carpeta de investigación el monto del daño económico ocasionado a la institución, que en principio habían señalado que superaba G. 783 millones mensual.
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La denuncia fue realizada ante el Ministerio Público por el representante de la ANDE, Diego Javier Fernández Arzamendia. Durante el procedimiento en el inmueble del exparlamentario colorado, la comitiva fiscal-policial accedió a un contrato de arrendamiento entre la imputada y el excongresista por G. 21 millones mensual, en vigencia desde el 20 de abril de este año.
Millonaria inversión
Durante la intervención que se realizó el pasado 19 de mayo fueron incautados un transformador de 3.150 KVA, 396 máquinas procesadoras de monedas, ventiladores. En el lugar habrían sido invertidos 1,5 millones de dólares.
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Al momento del allanamiento, el NIS de la ANDE figuraba a nombre del exdiputado Cuevas. Además, la línea de uso tenía solo habilitada monofásica, pero se constató que se realizó conexión directa a la línea de media tensión y se aumentó a trifásica, sin autorización del ente.