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Las ocupaciones de la propiedad de 9.000 hectáreas de la familia Núñez del distrito de Yhú, departamento de Caaguazú, se vienen registrando por diferentes grupos de personas desde el año 2016 y generó enfrentamientos entre los propios supuestos invasores que incluso derivaron en muertes.
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El último ingreso de personas se registró a inicios de este año y están ubicadas a solo un kilómetro del casco principal del establecimiento. La situación hace que los peones y propietarios teman por su vida y vienen solicitando en forma reiterada la intervención de la Policía Nacional y de la fiscalía.
Alba Núñez, una de las dueñas del inmueble, manifestó que en la propiedad existían más de 4.000 hectáreas de reservas forestales, que actualmente están devastadas. Señaló que aparte de depredar bosques, los invasores cometen robos de negocios, asalto a camiones distribuidores de mercaderías y asesinatos entre sus miembros. Comentó que constantemente piden la intervención policial y fiscal, pero que nada hacen para solucionar el problema.
Indicó que en una ocasión los desconocidos tomaron de rehén a su hermano, Antonio Eduardo Núñez. Relató que lo golpearon brutalmente y luego lo abandonaron en un camino interno del predio. También señaló que el 19 de abril del año 2023 atacaron el establecimiento y tuvieron de rehén a los peones y empleados del lugar.
Desde la invasión del inmueble se llevaron a cabo cuatro procedimientos de desalojo y el último se realizó el 30 de octubre del 2024, pero que todavía siguen adentro los ocupantes ilegales. Añadió que la Fiscalía y la Policía se culpan mutuamente y no hacen nada para solucionar el problema.
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Policía depende de que haya orden de desalojo
Tratamos de hablar sobre las denuncias mediante comunicación telefónica con el fiscal de Yhú, Gustavo Chamorro, pero no atendió nuestras llamadas a su celular. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.
El asesor jurídico de la Dirección Departamental de la Policía Nacional, abogado Aurelio Giménez, manifestó que la Policía se encuentra realizando las diligencias judiciales y fiscales en el caso de las invasiones del inmueble en cuestión, pero que hasta el momento no existe una orden judicial de desalojo. Indicó que la propiedad se encuentra en proceso de sucesión y eso estaría imposibilitando una intervención a gran escala en el lugar.