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Según fuentes políticas, el camarista de Paraguarí Javier Esquivel González podría ser el próximo defensor general debido al apoyo cartista. Ayer se confirmó que integra la terna y esta mañana señaló que es un magistrado de carrera, que toda su vida se preparó para ocupar un cargo de esta naturaleza. “Cuidé mi conducta, cuidé mi accionar, ojalá que la Corte pueda darme su voto de confianza”, manifestó.
Aseguró que nunca habló personalmente con Horacio Cartes y consideró que tal vez lo conectan con el cartismo porque en su momento trabajó de cerca con el entonces gobernador de Paraguarí Juan Carlos Baruja. Explicó que realizaron proyectos relacionados a la reinserción y siempre están en contacto, pero no pudo responder si se hizo lobby para que integre la terna, “porque no participo de esos círculos”.
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Esquivel señaló que “en algún momento” habló con Baruja sobre su nominación, pero que hace tiempo no conversan porque él está con otros problemas familiares actualmente. Así también, sobre su relación con la diputada cartista Cristina Villalba, dijo que es la tía de su suegra. “A los parientes no se les elige ni se les niega”, se limitó a responder.
Los temas importantes para el camarista Javier Esquivel
En otro momento, habló sobre su trayectoria y señaló que fue defensor público durante siete años en Encarnación. Destacó que uno de los ejes principales para él es la reinserción laboral de las personas privadas de su libertad. “El presokue no tiene forma de salir a trabajar, y si trabaja no tiene cómo cubrir sus necesidades básicas. Entonces es mano de obra barata para el crimen organizado y necesariamente después vuelve a entrar al sistema penal”, señaló.
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En ese sentido, indicó que se debe trabajar en la formación de los presos en mandos medios, como electricidad o plomería, y formar alianzas con empresas que puedan contratarlos obteniendo un incentivo impositivo.
Otro punto que mencionó fue el hecho de que muchos de los usuarios del sistema de Defensoría Pública en realidad no se encuentran en situación de pobreza. “Estamos dando servicios a gente que podría pagar un abogado, 7 de cada 10 procesados por crimen organizado son de la Defensa Pública”, señaló.
Agregó, en ese sentido, que esas personas hacen colapsar el sistema y no pueden enfocarse en trabajar con gente que realmente necesita.