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El fideicomiso de garantía, en donde estaban todos los bienes muebles e inmuebles de Azucarera Iturbe SA (AISA), fue llevado a concurso privado (figura análoga al remate) por el Banco Familiar SAECA y comprado por la empresa Neufeld Alcoholes SA (Neualco). El precio de venta no trascendió, pero la deuda inicial en este contrato era de unos US$ 12 millones, que con los intereses subió a US$ 20 millones.
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El director de Neualco SA, Carlos Morínigo, confirmó la transacción y que también tomaron posesión del ingenio. Detalló que proyectan una inversión de unos US$ 10 millones para poner a punto la azucarera y que vuelva a operar. Adelantó que se requeriría como mínimo un año y medio en el mantenimiento y adecuación, por lo que esperan que la reactivación sea en el 2026.
Aclaró que no compraron la empresa en sí, sino que adquirieron las maquinarias y los inmuebles que estaban dentro del fideicomiso. La sociedad anónima, cuyos accionistas principales son Fernando Campos Riera, Emma Friedmann de Campos y Roberto Codas Friedmann, está en proceso de quiebra y tiene múltiples acreedores que no pueden recuperar sus activos porque la firma privada ya no posee bienes que puedan ser liquidados.
La fábrica dejó de operar en el 2012 y en el 215 comenzó el proceso de remate que duró casi 9 años, pasando por un arbitraje y un juicio civil. Los accionistas de AISA perdieron en todas las instancias.
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El Estado se quedó con varios clavos
Durante la presidencia de Horacio Cartes, el Gobierno decidió inyectar G. 15.000 millones en concepto de “subsidio” o “salvataje”, para que se paguen los salarios caídos de obreros de la Azucarera Iturbe. Pero al igual que con otros tantos acreedores, la deuda es prácticamente incobrable. La empresa AISA sigue teniendo múltiples deudas con otras entidades financieras, sus exempleados y diferentes entes públicos.
En 2015 adeudaba G. 24.000 millones a la Secretaría de Estado de Tributación (SET) en impuestos, más de G. 3.000 millones a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por consumo de energía y unos G. 18.000 millones al Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de aporte obrero-patronal.
Y el actual remate de las maquinarias e inmuebles de la azucarera no fue en beneficio de todos los acreedores, sino sólo para los cuatro incluidos en el fideicomiso de garantía, que son el Banco Regional, Banco Visión, la cooperativa Oikocredit y el empresario Eduardo Hrisuk. La entidad fiduciaria que llevó adelante el remate fue el Banco Familiar.
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