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Poco después de las 14:00 de este martes el Tribunal Colegiado de Sentencia, presidido por Yolanda Morel e integrado por Ana de Jesús Ramírez y Karina Cáceres, salió de la sala de deliberación y dio a conocer su veredicto condenatorio a los policías de la comisaría 3° Asunción: suboficial ayudante Cemión Arce Mendoza (29) y la oficial ayudante Evelyng Jazmín Núñez González (26), con lo que finalizó el juicio por supuesto “apriete” iniciado en marzo pasado.
El órgano juzgador dictó la condena de 4 años de cárcel para los policías, hallados culpables de cohecho pasivo agravado, privación de libertad y la extorsión en grado de tentativa. Este último hecho punible fue detectado por el Tribunal de Sentencia durante el desarrollo del juicio, y por ello el viernes pasado, los jueces advirtieron que, en base al artículo 400° del Código Procesal Penal, que la calificación y la pena final podrían variar.
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La sentencia de condena se dio a conocer luego de que haya concluido la etapa de réplica y dúplica, en la que los fiscales Diego Arzamendia y Verónica Valdez se ratificaron, con el relato de la conducta desplegada por los policías, en la acusación que presentada en base a los elementos de prueba producidos en juicio. En sus alegatos finales, los fiscales solicitaron condenas de seis años para ambos uniformados.
Por su parte, la oficial ayudante Evelyng Jazmín Núñez González, hizo valer su derecho a declarar en la parte final del juicio. Este espacio lo utilizó para señalar que “se le quiere castigar por cumplir su función”, pues la misma defendió la atribución de aprehender a una persona que tiene como policías.
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Sin embargo, al momento de la lectura la presidenta del Tribunal Yolanda Morel reveló que tanto Cemión Arce como Evelyng Núñez se habían reunido con el jefe de la víctima, Johana Riveros. Esto fue antes de que la misma haya sido retenida contra su voluntad por los uniformados cuando iba camino al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para denunciar a su exjefe por no querer pagarle su liquidación. Los uniformados le exigieron la suma de G. 3.000.000 a cambio de liberarla.
Policías interceptaron a joven madre
Los hechos presentados en la acusación fiscal señalaban que el 5 de diciembre de 2022, el administrador del “Club La Condesa”, Arnaldo Ramos Santacruz, había hecho una denuncia en la comisaría 3ª Asunción por un supuesto hecho de hurto señalando como autora del mismo a su antigua empleada, Johana Riveros Saavedra.
Esa denuncia fue recibida precisamente por la oficial ayudante Evelyng Núñez, quien el 6 de diciembre fue, junto con su camarada el suboficial ayudante Cemión Arce, hasta el local, donde mantuvieron una reunión con el propietario del local nocturno, y luego se retiraron a las 12:10.
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Es así que el 6 de diciembre a las 11:30, Johana Riveros fue nuevamente a su antiguo lugar de trabajo para retirar su liquidación, donde Arnaldo Ramos le pidió que acepte G. 750.000 en concepto de cierre de relación laboral a cambio de retirar la denuncia presentada en contra de ella. Riveros exigió que le muestre la denuncia y, ante el documento, constató que la misma se realizó el 5 de diciembre ante la oficial Evelyng Núñez.
Más tarde, cerca de las 12:45, Johana Riveros salió del establecimiento tras acordar su desvinculación laboral y se disponía a trasladarse a pie hasta el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), para denunciar a su exjefe por no querer abonarle la liquidación correspondiente, pero fue interceptada junto con su pequeña hija por la patrullera policial M30 con Núñez y Arce a bordo.
Inmediatamente después, Núñez bajó del vehículo y le pidió la cédula a Riveros, pero la mujer dijo que no contaba con su documento en ese momento, por lo que la policía le pidió a su camarada que baje de la patrullera y luego le exigió que suba al rodado. La joven no se opuso para evitar generar temor en su hija.
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Recorrieron todo el centro para exigir dinero
Una vez que estuvieron todos dentro de la patrullera, los policías despojaron a la muchacha de su teléfono y le indicaron que contaba con varias órdenes de captura pendientes. En ese momento se desplazaron desde la calle Eduardo Víctor Haedo casi Independencia Nacional hasta Estados Unidos y Rodríguez de Francia, donde se detuvieron para “negociar” la libertad de la joven.
Conforme fue avanzando la conversación, el suboficial Arce habría exigido la suma de G. 3.000.000 para liberarla. Ante su desesperación, la joven madre solicitó de nuevo su teléfono y se comunicó con sus familiares para que consigan el dinero. Además, les envió su ubicación al WhatsApp para la entrega.
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Tras realizar el pedido, los policías y Riveros se trasladaron hasta las calles República de Colombia e Iturbe, donde se registró el encuentro entre los agentes y familiares de la joven extorsionada. La familia de Riveros procedió a filmar con celulares la entrega de la plata y, recién después de que esta haya amenazado con denunciar las irregularidades, los uniformados llevaron a la madre hasta la comisaría para iniciar el procedimiento de rigor.
Precisamente una de las pruebas fundamentales fue la grabación que hizo con su celular la hermana de la victima, ofrecida como prueba por el Ministerio Público.