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El recurso de apelación fue planteado por el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones del gobierno de Horacio Cartes (2013 - 2018), Ramón Jiménez Gaona, quien junto a su exviceministra de Finanzas y ministra sustituta, Marta Regina Benítez Morínigo, y el encargado del proyecto metrobús, Guillermo Alcides Alcaraz, están acusados de supuesta lesión de confianza con el fracaso del proyecto metrobús.
Los abogados Alcides Cáceres y Tarek Tuma, defensores del exministro del MOPC, habían planteado el recurso de reposición con el argumento que el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú no debió admitir la acusación presentada por la fiscala María Estefanía González, debido a que está pendiente de resolución una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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Al rechazar el recurso de reposición Otazú resaltó que no existe medida cautelar dispuesta por la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial, por lo que a su criterio “el pedido de la defensa deviene improcedente, y al solo efecto dilatorio”, según resalta parte del Auto Interlocutorio N° 108 dictado el 25 de abril de 2024.
Hasta tanto la Cámara de Apelaciones no se expida sobre el recurso planteado por la defensa de Jiménez Gaona, el juzgado de Garantías no podrá fijar nueva fecha para sustanciar la audiencia preliminar, en la que se debe resolver si la causa va a juicio oral como pide el Ministerio Público.
Conductas de los acusados por el caso metrobús
En su acusación la fiscal María Estefanía González resalta que el exministro del MOPC y los otros ex funcionarios de su administración no cumplieron con sus roles de contralor, planificar, coordinar y controlar específicamente la ejecución contractual del programa, denominado “Programa de Reconversión, Centro, Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas del Gobierno”, más conocido como el proyecto Metrobús.
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La agente del Ministerio Público detalla que Ramón Jiménez Gaona, en función de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, en el periodo el año 2013 al 2018, dentro del marco del proyecto metrobús, no protegió el interés patrimonial del Estado, de cuya consecuencia se generó el pago de 29 certificaciones por un valor de US$ 29 millones, por una obra inconclusa que no sirve para beneficio de la ciudadanía.
Por su parte el ex gerente del proyecto metrobús Guillermo Alcides Alcaraz Reisinger, la agente del Ministerio Público asegura que entre los años 2017 y 2018 ejerció la gerencia del proyecto de forma desprolija; que significaron falta de planificación, falta organización, falta de ejecución, falta de control del desarrollo y falta de coordinación, que trajo aparejado la no conclusión de la obras y por ende el perjuicio patrimonial para el Estado paraguayo.
Respecto a la ex ex viceministra Marta Regina Benítez Morínigo (en el cargo en el periodo 2016 - 2018), la fiscalía puntualiza que estando en ejercicio de ministra interina del MOPC firmó el convenio modificatorio Nº 4 al contrato con la empresa Mota-Engil Ingeniería y Construcción S.A. por el cual se aumentó el contrato en G. 103.483.670.390, causando menoscabo al interés patrimonial del Estado antes de protegerla.
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Perjuicio al Estado oscila US$ 25 millones, según fiscalía
En total son ocho los hechos que la Fiscalía inculpa al ex ministro Jiménez Gaona, como la falta de liberación de la franja de dominio, la no obtención de permiso de las municipalidades afectadas, inicio de la obra sin diseño final, la no aplicación de multas a la contratista de la obra (la portuguesa Mota Engil), la construcción de desagües inadecuados, así como varios hechos más, que causaron un perjuicio de G. 180.030 millones (US$ 25 millones al cambio actual) al Estado, según la acusación.
Entre los puntos más resaltantes, la fiscala González evidenció en su acusación que con la firma del contrato con Mota Engil, el 31 de marzo del 2016, Jiménez Gaona “vulneró y desprotegió el patrimonio del Estado paraguayo, tolerando, permitiendo e incumpliendo las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución del metrobús, cuya consecuencia hizo inviable la culminación de los trabajos emprendidos por la firma en el marco del proyecto corredor principal tramos 2 y 3″.
En este sentido, resaltó que el ex alto funcionario licitó la obra sin haber formalizado el acuerdo entre el MOPC y la Municipalidad de San Lorenzo, transgrediendo lo dispuesto en la Ley N° 5133/13 que aprobó los contratos de préstamos con el BID y otros organismos para la financiación de la obra.
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Agregó que, hasta el año 2018, la administración de Ramón Jiménez Gaona no contó con la autorización de la Municipalidad de San Lorenzo así como tampoco con la autorización de la Comuna de Asunción, a pesar de que en ese año se dio el cese de construcción por parte de la empresa contratista”, resalta el documento.