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El abogado José Alberto Marcet Testa, en representación de la actuaria judicial Juliana Romero Maciel, planteó un recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio (AI) Nº 71 del 22 de abril de 2024 por el cual se le concedió a la Fiscalía otros 6 meses más para presentar su requerimiento conclusivo. El defensor acusa que la fiscala Alba María Delvalle de Ibarra, ha mentido a los miembros de la Cámara de Apelaciones, Tercera Sala, para obtener la prórroga extraordinaria.
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El abogado defensor solicita a la Sala Penal que revoque la prórroga extraordinaria, ante la “negligencia e impericia” demostrada por el Ministerio Público y se otorgue el sobreseimiento provisional.
La causa está identificada como N° 44/2023 – 1074 “Juliana Romero Maciel s/ sabotaje a sistemas informáticos y otros”.
Acusa que prórroga se obtuvo a base de mentiras
El defensor Marcet Testa, en su apelación general ante la Sala Penal sostiene que la agente fiscal titular de la Unidad N° 2, Especializada en Delitos Informáticos, “se ha presentado ante el Tribunal de Apelaciones Tercera Sala a fin de obtener una prórroga extraordinaria, pero, dentro del pedido de la misma, ha esbozado solamente mentiras”.
Agrega: “Su falta de pericia como profesional fiscal y, su interés único de alargar notablemente la presente causa en contra de mi mandante, no en pos o pro de la presente causa, solo pretende la agonía de una inocente y exculpar a los verdaderos culpables, y para lograr su objetivo, ha recurrido a la ampliación del plazo”.
El abogado Marcet Testa argumentó a la Sala Penal que la Fiscalía para requerir la prórroga extraordinaria a la Cámara de Apelaciones sostuvo que la Ing. María Victoria Fleitas se encuentra elaborando los dictámenes periciales, cuyos datos son fundamentales para el esclarecimiento de los ilícitos.
Sin embargo, de la ampliación de la pericia ya fue notificada a las partes el 3 de abril de 2024 por la Fiscalía, que tenía 10 días para concluir dicho análisis, esto es hasta el 17 de abril. El 1 de mayo el Ministerio Público ya debía tener el dictamen pericial concluido para presentar su acusación u otro requerimiento, pero aún solicitó la prórroga extraordinaria, indicó.
Marcet Testa asimismo acusa que la Fiscalía cuando pidió la prórroga a la Cámara, el 9 de abril pasado, sostuvo la fiscala Delvalle de Ibarra “que además de las pericias informáticas pendientes de conclusión, la defensa técnica de la procesada también solicita constantes diligencias para su descargo”.
Empero, explica el abogado- la Fiscalía notificó a la defensa, el 11 de abril de 2024 (2 días después de solicitar la prórroga), que no hacía lugar a la solicitud de diligencias peticionada por la imputada Juliana Romero Maciel, con lo que nuevamente la agente fiscal mintió al Tribunal de Alzada, sostuvo el defensor.
El abogado Marcet Testa concluye que “la petición de prórroga extraordinaria a favor del Ministerio Público no se ha fundado debidamente según las disposiciones del artículo 326 del Código Procesal Penal (CPP), además de no fundarse en derecho, se ha tergiversado toda la presentación con mentiras”.
Antecedentes del presunto sabotaje para ayudar a RGD
El 1 de noviembre de 2023, la fiscala Ruth Benítez imputó a la actuaria judicial Juliana Romero Maciel, del Tribunal de Sentencia N° 21 de Asunción, por la supuesta comisión de los hechos punibles de sabotaje a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios, como sospechosa principal de la modificación de un expediente de Ramón González Daher en el sistema Judisoft.
De acuerdo con lo que se señala la imputación, la investigación se inició el 30 de agosto del año pasado por supuesto acceso indebido a sistemas informáticos, contra personas innominadas en ese entonces, tras la denuncia hecha precisamente por Romero Maciel ante la oficina de Mesa de Entrada de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público.
Como presunta coartada, la actuaria había manifestado en esa ocasión que personas extrañas accedieron al sistema Judisoft (del Poder Judicial) con su clave y usuario, sin su consentimiento. Los supuestos desconocidos modificaron datos como el número de causa, año y carátula, de la causa N° 1.075/2021 caratulada “Ramón González Daher s/ testimonio falso” fue reemplazada por la causa N° 2.310/2017 “Arnaldo José Duré s/ estafa”.
Es así que, ante las sospechas surgidas tras las declaraciones testimoniales que se tomaron a funcionarios del mismo equipo de trabajo y que no coincidían con el relato de la denunciante, la agente del Ministerio Público se constituyó en las instalaciones del Poder Judicial para recabar mayores datos sobre el hecho investigado.
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Modificación con intenciones de ocultar el expediente, según la Fiscalía
La imputación describe que la modificación se realizó el 16 de agosto de 2023, exactamente a las 9:16:17, dentro del Sistema de Gestión Jurisdiccional (Judisoft) del Poder Judicial, a través del usuario individualizado como “User FuncPJ_3663″, perteneciente a la actuaria judicial Juliana Romero, quien habría alterado los datos sin autorización y aprovechándose de las atribuciones concedidas dentro del sistema informático.
Según informó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al Ministerio Público, el perfil “User FuncPJ_3663″ cuenta con dos atributos, el primero le permite modificar datos del caso, como información general, objeto de la causa, movimientos, entre otros, en tanto que el segundo, le posibilita cambiar datos de las partes y el número de expediente.
La hipótesis acerca de la perpetración de la maniobra que tiene el Ministerio Público es que, al reemplazar la denominación de una causa por otra, se lograría el extravío digital del expediente judicial en el sistema Judisoft, además, esto traería aparejado que al momento de consultar antecedentes relacionados a este caso sobre Ramón González Daher, ya no figuraría en el sistema informático.
La fiscala obtuvo información sobre que al mismo Tribunal de Sentencia también fue asignada otra actuaria identificada como Adriana Sánchez, con quien Juliana Romero tenía turnos intercalados según el libro de “Recepción de Expedientes”. En ese sentido se tiene que el expediente de González Daher habría sido asignado en principio a Sánchez, pero luego quedó a cargo de Romero, por pedido de esta funcionaria.
Actuaria habría omitido detalles
El expediente de Ramón González Daher fue recibido por la actuaria Juliana Romero, el 8 de agosto de 2023, y esta funcionario al momento de anotar el mismo asentó su recepción en forma detallada e incluso los cuatro tomos con su cantidad de fojas asignadas.
Romero habría registrado en el cuaderno citado que el expediente incluía el “Tomo II”, con las fojas 201 al 270; y en el Tomo III, las fojas 401 al 600, resultando así aparentemente un faltante de 30 fojas en el Tomo II, cuya observación no habría sido asentada por la actuaria Juliana Romero.
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El presunto descuido de la actuaria judicial, habría llamado la atención de sobremanera, en atención a que dicho acto no habría sido el único omitido por esta, ya que aparentemente Romero tampoco habría realizado la primera providencia de recibido con relación al expediente de González Daher, pese a su experiencia en el cargo que ocupa desde 2012.
La imputación también agrega que en sus años de carrera como actuaria Juliana Romero habría demostrado su personalidad detallista en sus laborales-muy especialmente en dicho expediente- sino también habría sido poseedora de todos los conocimientos relativos al sistema informático Judisoft, puesto que aparentemente prohibía a sus compañeros se compartan las claves de acceso.