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El jefe de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA) Óscar E. Villamayor Báez; el agente de Delitos Económicos de la Policía Rodolfo Martínez Molinas y el estibador Alcides Ramón Ayala irán a juicio oral por la supuesta comisión de los hechos punibles de cohecho pasivo agravado (coima), extorsión y usurpación de funciones públicas; según lo resuelto por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú.
El magistrado hizo lugar a la acusación presentada en setiembre de 2023 por el fiscal anticorrupción Néstor Coronel y rechazó los incidentes de nulidad de la acusación, sobreseimiento definitivo, excepción de falta de acción, suspensión condicional del procedimiento y otros, que fueron planteados por las tres defensas durante la audiencia preliminar.
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Según la acusación fiscal estas personas realizaban “operativos” de control de contrabando en comercios, mayoritariamente de San Lorenzo, en los que exigían a los comerciantes la documentación de los productos y, si estos no contaban con papeles, les exigían sumas de dinero para evitar una sanción, como ser la incautación de todas las mercaderías.
Exigían pagos millonarios, según fiscalía
El fiscal Néstor Coronel detalla en su acusación que el 9 de setiembre de 2022 el jefe aduanero Óscar Erwin Villamayor junto al policía Rodolfo Martínez y el estibador Alcides Ayala allanaron el local comercial de Lizethe Molas, por un supuesto caso de contrabando.
En el sitio Villamayor solicitó a Ricardo González, esposo de la comerciante, la suma de G. 50 millones, con la promesa de “ayudarlo y evitar la incautación de sus mercaderías”, de acuerdo a la acusación. Sin embargo la víctima les indicó que no tenía esa suma de dinero, pero ante la amenaza que se llevarían las mercaderías y una camioneta, además que la propietaria del local sería imputada por la fiscalía, la víctima acordó pagar unos G. 20 millones.
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Los tres acusados cobraron dicha suma, pero aún incautaron todas las mercaderías que supuestamente habían ingresado de contrabando al país.
Acordaron pago semanal para evitar allanamientos
Una semana después el jefe aduanero y el policía retornaron al negocio para exigir el pago semanal de G. 250 mil para cada uno, a fin de evitar otro allanamiento. La propietaria del local y su esposo aceptaron el pedido, según el audio de una llamada con los encausados.
La acusación fiscal resalta que las víctimas Ricardo González y Lizethe molas recibieron amenazas de parte de los tres acusados, por lo que tuvieron que abonar las mencionadas sumas de dinero para evitar la pérdida de sus mercaderías.
Denuncias de varias víctimas
Varios comerciantes de la ciudad de San Lorenzo denunciaron ante la fiscalía que los ahora acusados utilizaban el mismo modus operandi para el cobro de sumas millonarias a cambio de no incautar las mercaderías que supuestamente habían ingresado de contrabando al país.
Según la fiscalía en algunos casos fueron otras personas las que extorsionaban.