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En apenas 25 instituciones públicas, el gobierno de Santiago Peña ya desembolsó la suma de G. 170.231.811.376 para seguros médicos de los funcionarios, unos US$ 23.223.985 al cambio actual.
La institución que encabeza este derroche del dinero público es el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene como titular a Carlos Fernández Valdovinos. Según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el contrato es por dos años con la empresa proveedora Santa Clara SA, representada por Nancy Edith Solís, por un total de G. 40.224 millones.
En segundo lugar aparece el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a cargo de Carlos Giménez, que registra un desembolso de G. 38.400 millones. En este caso, el contrato también es plurianual (24 meses) y la empresa proveedora es Protección Médica SA, representada por Alfredo Menini.
Luego viene el Ministerio de la Defensa Pública (MDP), que tiene a Lorena Segovia como titular. Esta entidad registra, según Contrataciones, un total de G. 26.904 millones en seguro médico para sus funcionarios.
El del MDP también trata de un contrato plurianual, pero con la proveedora Medi Plan SA, representada por Lizza López Samaniego.
La primera institución que no tiene rango ministerial que aparece en el “ranking” es la Contraloría General de la República (CGR), que tiene a Camilo Benítez como titular. Este ente de control tiene un contrato con Santa Clara SA, para seguro médico de sus funcionarios por G. 24.420 millones.
Según registros de Contrataciones, el seguro para los funcionarios de la Contraloría empezó en marzo de este año y se extenderá hasta marzo de 2026.
Diputados y ente autárquico
Según lo que registra Contrataciones Públicas, la Cámara de Diputados, bajo la presidencia del cartista Raúl Latorre, tiene firmado un contrato para seguro médico de sus funcionarios por un valor de G. 15.289 millones.
En este caso, el contrato de la Cámara Baja es con la empresa Asismed SA, representada por Cristian Riquelme.
La Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) es la entidad de carácter “autárquica” que aparece con un millonario desembolso para dotar de seguro médico a sus funcionarios.
Según lo que figura en Contrataciones, la ANNP, cuyo presidente es Julio Vera Cáceres, tiene un contrato de G. 13.836 millones con la firma Protección Médica SA, representada por José Luis Daglio.
Cierran oficinas diplomáticas claves
Mientras el Gobierno ya desembolsó G. 170.231 millones (U$S 23,2 millones) en diferentes instituciones del Estado para brindar seguro médico VIP a funcionarios, por otro lado se decidió cerrar oficinas diplomáticas en países importantes.
Por ejemplo, justo en un momento en que se habla de vender carne paraguaya a Canadá, el Gobierno anunció cerrar la embajada paraguaya en dicho país. Al de Canadá se suman las embajadas que estaban en Suiza, Portugal, Australia y Egipto.
Supuestamente con el cierre de estos puestos diplomáticos, el gobierno paraguayo se ahorrará unos 8 millones de dólares. En su momento, el propio canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, dijo que la medida obedecía a una reciprocidad diplomática.
El pasado 18 de abril último, Ramírez Lezcano anunció además el cierre de consulados paraguayos en Brasil, Argentina y Bolivia, tres países limítrofes y de gran importancia por el flujo migratorio que se genera con nuestro país.
El ministro declaró que “no significa un repliegue en la política internacional ni en la prioridad de inserción al mundo del presidente Santiago Peña”.
Sectores como el de los camioneros -que realizan viajes diarios a la Argentina, por ejemplo- se mostraron preocupados por la determinación de cerrar los consulados.
Cobertura médica vip en mayoría de los casos
Mientras los miles de asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) deben soportar penurias para lograr ser atendidos, los funcionarios de algunas instituciones públicas gozan de un seguro médico vip que ofrece una completa cobertura, que se paga con dinero de los contribuyentes.
En lo que va de estos ocho meses del gobierno de Santiago Peña, el Estado paraguayo ya desembolsó
G. 170.231 millones (U$S 23,2 millones) en apenas 25 instituciones públicas, según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Cobertura total
Según se desprende de los ítems solicitados en los llamados a licitaciones, por ejemplo, en el contrato de provisión de seguro médico que tiene la Cámara de Diputados, la cobertura médica es total en caso de titulares, cónyuges e hijos menores de 20 años. O menores de 20 años que estén bajo tutela del titular beneficiario del seguro.
Además, los beneficios se extienden a otros parientes, que figurarán como “adherentes”, según lo que indica el documento.
Los titulares pueden elegir entre el padre o la madre, el suegro o la suegra, para que la persona pueda tener un beneficio del 75% del costo del contrato por persona.
Según lo que establece el contrato, el costo anual del seguro por cada persona es de G. 10.200.000, como monto máximo.
También los hermanos e incluso los hijos de los titulares que tengan más de 20 años podrán acceder a los beneficios del seguro por el 50% del costo.
Beneficios varios
Entre los beneficios que ofrecen prácticamente todos estos seguros se garantiza una cobertura total e inmediata e internaciones en diferentes sanatorios que estén habilitados.
También todos ofrecen servicio de urgencias y de emergencias las 24 horas en caso de que requiera atención urgente.
En el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), cuyo costo de seguro médico para sus funconarios llega a los G. 38.400 millones, se establece que los honorarios de los médicos está cubierto en un 100% en todos los hospitales, sanatorios o clínicas que estos profesionales hayan atendido al asegurado del MAG.
Faltan insumos en los hospitales públicos e IPS
La falta de medicamentos, médicos y otros insumos sanitarios no es algo nuevo, pero que no se soluciona. Esta misma situación se presenta en hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y el Instituto de Previsión Social (IPS).
La semana pasada, un miembro de la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS denunció a ABC TV que en promedio gasta unos G. 4 millones al mes a raíz de la falta de medicamentos e insumos básicos.
Por su parte, otros asegurados del ente previsional, muchos de ellos de la tercera edad y madres con niños en brazos, esperan desde las 3:00 para obtener un turno en el Laboratorio. Denunciaron el pésimo servicio de call center y la falta de medicamentos.
“Es una burla, una bofetada al asegurado. Quiero denunciar que el call center y la web no funcionan”, dijo un asegurado, quien se identificó como Miguel Díaz.
Noelia Candia contó que además del Laboratorio, necesitaba vacunas antialérgicas para su hijo; dosis que no hay hace dos meses. Asimismo, contó que los sábados no atiende esa oficina, le dijeron, y tampoco nadie contesta el teléfono. “El asegurado está a la deriva”, señaló la aportante.
A esto se suma la permanente queja por falta de turnos en distintas especialidades. Por ejemplo, para cirugías oftalmológicas por cataratas hay turnos recién para el año que viene.
Según lo datos que se manejan, el Ministerio de Salud adeuda más de US$ 460 millones al IPS por atención a pacientes no asegurados.
En el interior
En otras zonas fuera de la capital la situación es muy similar, por ejemplo, los pacientes hipertensos denunciaron la falta de medicamentos para el tratamiento de la enfermedad en los hospitales de Caacupé y en el IPS de San Bernardino. Las medicinas que consumen son indispensables para controlar la presión.
Hace unos días tomó repercusión el ambiente en el Hospital Regional de Villarrica porque la empresa Recolectora Villarrica del Espíritu Santo SA (Recoves), representada por Eduardo Benítez, no realiza el servicio desde hace semanas, según denunció el director del centro asistencial, Dr. Cristhian Matto.
El proyecto de construcción de un nuevo hospital en el departamento de Boquerón, anunciado ruidosamente como promesa de campaña política por Santiago Peña, hasta ahora no avanza. Lo que se tiene por ahora son esporádicas visitas de las autoridades del Estado.
Problemas con los pagos
El Gobierno de Santiago Peña se caracteriza por pagar altos salarios a personas sin formación académica, pero que son familiares de políticos o correligionarios. Sin embargo, constantemente, los profesionales de la salud tienen que recurrir a movilizaciones u otras medidas para poder cobrar sus salarios, que están muy por debajo que el de los hurreros.
El pasado 9 de abril fueron suspendidas las cirugías programadas en el Hospital Pediátrico Acosta Ñu de San Lorenzo por la falta de pago de salarios a médicos, cuya situación se da desde enero pasado.
“Es realmente grave la situación de todos los colegas, entre los que me incluyo, pero muchos trabajamos en el sector privado, tenemos un respaldo, sin embargo, los enfermeros y técnicos, así como médicos especializados solo trabajan aquí”, señaló Nancy Garay, jefa de cardiología.
Según los registros, en dicho centro asistencial unos 17.000 pacientes por año son atendidos por 10 cardiólogos pediatras, 5 cirujanos, clínicos, paramédicos y técnicos, que totalizan cerca de 90 funcionarios.
El año pasado se redujo la cantidad de consultas por la avería de una de las máquinas utilizadas para el diagnóstico, que hasta ahora no fue reparada.
Otro de los gremios que constantemente se moviliza es la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), cuyos miembros son dependientes del Ministerio de Salud Pública y que constantemente tienen problemas porque no cobran al día.
Encadenado
El 18 de abril pasado se encadenaba frente a la cartera sanitaria Bruno Ruiz Díaz, proveniente de Caazapá, quien denunció que fue descontratado de forma arbitraria por no pertenecer a la línea política de un diputado de la zona. El hombre prestaba servicios en el puesto de salud, como chofer de ambulancia.