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María José Cañete, representada por el abogado Jorge Luis Bernis, solicitó un amparo constitucional tras ser desvinculada de la Secretaría Nacional de la Juventud. Denunció públicamente que es una persona con discapacidad certificada por la Senadis, pero tuvo que soportar condiciones precarias de trabajo y enfrentó actos de discriminación.
Relató a ABC TV que ingresó a la institución hace dos años y su salud se fue deteriorando porque su régimen laboral no era apto para su condición. Aseguró que su desvinculación se dio como represalia debido a que solicitó informes sobre el proceso de regulación de su contrato, para que apliquen los protocolos de inclusión.
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“La verdadera inclusión es que puedan responder a esa discapacidad, no es un favor, es un derecho”, lamentó. Señaló la ironía de que haya sido destituida de manera discriminatoria, considerando que ella se encargaba de preparar los diseños de campañas sobre la discapacidad y la inclusión, que se compartían en las redes de la institución pública.
Contó que aún no recibió respuesta a sus notas a distintas secretarías que deberían proteger a las personas con discapacidad.
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Según la Ley 3585, todas las instituciones públicas debe contar un mínimo de 5% de su funcionariado conformado por personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, es una exigencia que aún no se cumple en su totalidad.
Se debe analizar cumplimiento de protocolo de inclusión, señalan
Consultado sobre esta denuncia, César Martínez, experto en inclusión, indicó que se debe realizar un estudio de todo el procedimiento de la SNJ, para ver si se aplicó el plan de inclusión y cómo fue.
Agregó que el protocolo establece que las instituciones deben hacer “ajustes razonables” a su entorno laboral y no es el empleado el que debe adaptarse.