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La fiscala Elena Fiore Franco asumió en reemplazo de su colega María Estefanía González en la causa penal contra los cuatro acusados por la quema de Colorado Róga: Arnaldo Francisco Martínez, Vivian Guadalupe Genes Meza, Pedro Manuel Areco Rivas y Enrique Agüero Escobar; en consecuencia el inicio del juicio oral y público, que estaba previsto para este viernes, se reprogramó para el miércoles 3 de abril, a las 8:30.
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La agente del Ministerio Público argumentó que necesita tiempo para interiorizarse del expediente, donde la acusación es por la presunta comisión de los hechos punibles de producción de riesgos comunes, perturbación de la paz pública, daños a cosas de interés común y daños a obras construidas o medios públicos de trabajo.
El Tribunal de Sentencia que preside la jueza Olga Ruiz e integran sus colegas Víctor Fernández y Víctor Alfieri atendió el pedido de la agente fiscal y resolvió reprogramar el inicio de la diligencia para la vuelta de la Semana Santa.
La acusación fiscal se presentó en setiembre de 2021, y el 2 de noviembre del mismo año el juez penal de garantías Raúl Florentín dispuso que la causa sea juzgada en un juicio oral y público, decisión ratificada en segunda instancia en abril del año 2022.
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Acusados por la quema de Colorado Róga
Las investigaciones del Ministerio Público se dieron tras el incendio del 17 de marzo de 2021 en la sede de la Asociación Nacional Republicana (ANR), ubicada en las calles Tacuary esquina 25 de Mayo, de Asunción, en una manifestación ciudadana contra el Poder Ejecutivo.
Llamativamente, dicha zona no estaba resguardada por agentes de la Policía Nacional, pese a que en el lugar ya se habían registrado varios incidentes días anteriores.
Según la acusación de los fiscales Lorenzo Lezcano y María Estefanía González, los supuestos responsables de la quema en la sede del Partido Colorado fueron identificados mediante pericias desarrolladas por los investigadores. Los agentes del Ministerio Público afirman que “existen elementos suficientes que demuestran la supuesta participación de los mismos”.
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En la audiencia preliminar, Lezcano decidió no allanarse al pedido de la defensa de los procesados de buscar una salida procesal y se ratificó en la acusación, alegando que “había un concurso de hechos y, en ese sentido, los presupuestos establecidos en el artículo 21, que es el de suspensión condicional, y el 420 no se daban”.
“La protesta es un derecho esencial”
Luego de la postergación del juicio oral los acusados se sumaron a la protesta que realizó de activistas por los Derechos Humanos frente al Palacio de Justicia de Asunción; en contra de la persecución judicial y el intento de criminalizar la protesta, según expresó Vivian Genes, una de las procesadas en la presente causa penal.
“La protesta es un derecho esencial porque es la base para que los ciudadanos podamos conquistar otros derecho como la libertad de prensa, acceso a la salud, a la educación ¿Cómo vamos a tener esos derechos si la gente que sale a la calle a manifestarse es perseguida por el aparato judicial?”, cuestionó la acusada.
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Genes agregó que el proceso penal que afrontan junto a sus compañeros es una clara muestra del intento de criminalizar la protesta, ya que el Ministerio Público no investigó a los agentes de la Policía Nacional que persiguieron por cuadras a un manifestante, hasta que este se desvaneció; tampoco al escopetero que apuntó a la altura del pecho de los manifestantes que estaban frente a la sede del Partido Colorado.
Puntualizó al respecto que la gente que está siendo perseguida por el Ministerio Público y el Poder Judicial es defensora de los Derechos Humanos y consideró que la persecución a la protesta va a continuar si los distintos sectores de la sociedad no se unen “para enfrentar al bloque autoritarista que está copando la instituciones democráticas”, según resaltó.