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El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Felix Sosa, llegó hasta el barrio Amistad, de este municipio, donde anoche se allanó la mega instalación de una granja de criptomoneda. El predio es propiedad de Nippon Diesel SA y el titular de pago es José Miguel Cristaldo Fernández.
En el lugar se constató conexión irregular a la línea de media tensión de la energía eléctrica, donde se instaló de pantalla un transformador, pero a través de ducto se distribuía la energía a 812 máquinas. Esto generó un daño económico de G. 800 millones mensuales a la Ande.
El titular del ente estatal, refirió que en la granja de criptomoneda se habría invertido más de los US$ 2.000.000, es decir, unos G. 15.000 millones. En el lugar se registró una importante instalación, más de 812 máquinas procesadoras de criptomonedas, un transformador de pantalla de 45 kVA y un transformador principal que estaba alimentando las máquinas, de 3150 kVA.
Agregó que eso significa que dicho transformador tiene la capacidad para abastecer toda una ciudad y el consumo supera los G. 800 millones en forma mensual. No se sabe aún cuanto tiempo de consumo estaba teniendo, se está investigando, pero esto genera daño económico a la institución y daño social por los constantes cortes de energía que se venía registrando en el lugar.
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Fiscalía inicia investigación por “robo de energía”
La agente fiscal, Mercedes Vera Monges, explicó que ahora están trabajando aún con el inventario dentro de la granja de criptomina, al terminar todo el procedimiento en el lugar, desde mañana se procederá a realizar las notificaciones. Sobre el hecho se abre una investigación “contra personas innominadas por robo de energía” y que también podría agregarse otros hechos.
La agente fiscal dispuso que se desmantele la “mega inversión” de criptomina y que las 812 máquinas incautadas sean trasladadas al depósito de la Ande. Comentó que para el traslado de los equipos, la Ande pone a disposición vehículos para llevar hasta la capital del país.
Dijo que facilitará el resguardo de las máquinas, atendiendo a que el Ministerio Público no dispone de un espacio físico acorde a lo que se necesita para esta eventualidad.