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Solo 19 de 439 candidatos para los cargos de agentes fiscales y jueces del fuero Penal y Multifueros lograron superar el examen ante el Consejo de la Magistratura (CM), en el que el puntaje mínimo requerido fue de 105 puntos, de un total de 150 puntos. La prueba abarcó la jurisdicción de multifueros, es decir civil, penal, contencioso y administrativo; aunque el mayor porcentaje de los aplazos fue para el fuero penal.
Varios de los aplazados argumentaron que el examen fue “pedagógicamente errado”, ya que “se buscó que los postulantes se equivoquen” porque contenía preguntas capciosas y pedía respuestas memoristas sobre aspectos intrascendentes de las leyes.
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El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Víctor Ríos se refirió al tema, en la sesión ordinaria del pleno del máximo tribunal, y criticó a los postulantes que fundamentan su aplazo con el formato del examen.
“En los últimos tiempos, los que estamos trabajando con la educación superior, observamos un preocupante deterioro del nivel académico de los estudiantes. No podemos exponer a nuestra sociedad a tener en el futuro abogados que no tengan la mínima formación”, resaltó.
Ríos agregó que urge un trabajo coordinado entre la máxima instancia judicial y las facultades de Derecho.
Carlos Portillo, entre los aplazados
Varios nombres resaltan en la lista de postulantes que no lograron pasar la prueba de conocimientos generales y específicos, entre ellos está el ex legislador por el PLRA Carlos Antonio Portillo, quien solo logró hacer 42 puntos del total de 150, pese a sus 7 títulos universitarios, según lo afirmado por él.
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Otro que se aplazó en la prueba es el juez penal de la Adolescencia de Alto Paraná Marino Méndez Hermosilla, sindicado como “amigo” del clan Zacarías Irún, ya que solo obtuvo 48 puntos.
La jueza de Sentencia Lourdes Peña tampoco pasó el examen (hizo 63 puntos), así como el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, quien consiguió 78 puntos.
Ministro pide revisar el sistema de evaluación
El ministro de la Corte Víctor Ríos Ojeda expresó que el masivo aplazo de los postulantes a cargos de agentes fiscales y jueces requiere un urgente trabajo coordinado de la máxima instancia judicial con las facultades de Derecho y la Escuela Judicial.
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“Desde la facultades de Derechos vamos a tener que revisar nuestros planes de estudio, los proyectos académicos y, en consecuencia, nuestros sistemas de evaluación”, puntualizó el ministro que integra la Sala Constitucional del máximo tribunal.
A criterio de Ríos es el Poder Judicial el que debe señalar a las instituciones educativas en qué áreas se necesitan profesionales bien formados, a fin de mejorar el sistema.
Al respecto, el ministro de la Corte aseveró que no tiene sentido el divorcio que se da actualmente entre las facultades de Derecho y el máximo tribunal, ya que deben trabajar juntas para mejorar el nivel académico técnico y todo el sistema jurídico del país.