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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, que tenía previsto volver al país recién el fin de semana, adelantó su vuelta desde Panamá, y llegó ayer a las 5:00 al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a raíz del escándalo de los chats filtrados de WhatsApp entre el abogado del expresidente de la República Horacio Cartes, Pedro Ovelar, y el fiscal Aldo Cantero, sobre las diligencias investigativas que derivaron en la imputación al también expresidente de Paraguay Mario Abdo Benítez y otros ocho funcionarios de su administración.
Ante esta situación Rolón dispuso la apertura de un sumario administrativo sobre los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, que hasta ayer estaban al frente de la causa contra Mario Abdo Benítez, tres exministros, un parlamentario y otros funcionarios más. La diligencia administrativa está bajo responsabilidad ahora de la Inspectoría General, cuya directora es Sandra Mayeregger Benítez.
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“Nuestra intención es que quede en claro que la Fiscalía General del Estado y que la institución misma están interesadas en todo lo que es clarificación”, dijo ayer Rolón durante una conferencia de prensa.
Al ser consultado sobre si los teléfonos y equipos informáticos de los fiscales también serían objeto de análisis, Rolón atinó a contestar “vamos muy rápido. Hoy estoy retornando al país. El sumario va recolectando elementos y hasta ahora no hay ninguna actuación procesal diligenciada. Se trata de un evento que se va a desarrollar con el tiempo, veremos si son relevantes más adelante”.
Sobre la imputación, señaló que se conformó un equipo que a lo largo de siete meses recogió evidencias, “aspectos esenciales que hacen al hecho punible y la certificación de la responsabilidad penal que están delineados en un denso escrito de imputación”, detalló.
Asume nuevo quipo fiscal
Ante la desconfianza que generó la filtración de chats, el fiscal general Emiliano Rolón, a través de la Resolución FGE N° 868, reasignó la causa caratulada como “Carlos Adolfo Arregui Romero y otros s/ revelación de secretos de servicio y otros” a los fiscales Fabiola Guadalupe Molas Alcaraz, Luis Amado Said Frágueda y Guillermo Sanabria Centurión.
Por el mismo escrito dejaba sin efecto la coordinación de la pesquisa que tenía a su cargo la fiscala adjunta Patricia Rivarola, bajo cuyo cargo estaban los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, a quienes a través de la Resolución FGE N° 874, mediante una ampliación de la Resolución N° 868 desafectó de la causa penal en cuestión.
“Hay cuestionamientos porque la gente quiere unir artificiosamente una investigación concretada con un acontecimiento posterior de una conversación, por esa duda que se crea es que abrimos el sumario”, manifestó el fiscal general Emiliano Rolón en relación a la situación dudosa que envuelve a sus fiscales.
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Sin recursos ni ayuda para el caso Pecci
En conferencia de prensa, Emiliano Rolón fue cuestionado sobre la celeridad que se les da a las denuncias hechas por Horacio Cartes y la nula actuación en el caso del magnicidio del fiscal Marcelo Pecci, asesinado el 10 de mayo de 2022, en la Península de Barú, en Colombia.
Ante ello Rolón respondió: “Hay que evitar las pasiones que a veces exacerban el espíritu y enervan el entendimiento. Cuando hablamos del caso Pecci indiqué que la preocupación nuestra, por la sensibilidad que representa para el Ministerio Público una figura como Pecci, es esencial y dijimos que ninguna respuesta va a ser apetecible o aceptable por los propios fiscales si no tenemos el resultado de quién es el autor intelectual”.
Luego, el fiscal general se refirió “en el derecho penal lo más difícil es descubrir la autoría moral, porque en el crimen organizado eso se paga con sangre”.
Añadió que incluso Estados Unidos ofreció una recompensa de US$ 5 millones por datos sobre el autor intelectual, pero tampoco fue posible conseguir.
“Cuando hablé de Mandrake, hablé de la carestía investigativa a pesar de las dificultades que tenemos. Es muy necesario contar con tecnología para la investigación criminal”, añadió después.
En otro momento indicó que actualmente el Ministerio Público cuenta con 320 a 330 agentes fiscales en el país y no hay medios para traer nuevos fiscales a la institución.