Cargando...
El juez de Paz del Juzgado de Nueva Asunción (Presidente Hayes), Jorge Adolfo Franco Garelik, y la actuaria judicial del mismo juzgado, Gabriela Noemí Gaona, fueron imputados por el Ministerio Público por los supuestos hechos punibles de prevaricado y asociación criminal.
Los funcionarios judiciales son señalados por supuestamente haber formado parte de un esquema de estafas en complicidad con una playa de vehículos.
Por medio del esquema, presuntamente los compradores de vehículos eran víctimas del secuestro de sus autos o camiones por atrasarse apenas un día en sus cuotas.
Lea: Playa de autos y un Juzgado de Paz, involucrados en presunto esquema de estafas
Les secuestraban el auto ni bien se atrasaban
Según la denuncia, ni bien los compradores se atrasaban en sus cuotas, un actuario judicial iba en compañía de un vendedor de la playa, que con llave en mano, se llevaban el móvil.
El acta de imputación fue formulada por la agente fiscal Lourdes Bobadilla, de la Unidad Nº 3 de Ñemby. La investigadora señala a los funcionarios judiciales por la comisión del hecho punible contra el ejercicio de las funciones públicas.
La representante fiscal comunicó al juez penal de Garantías la imputación de ambas personas. Con relación al juez Franco, se remitieron los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para que disponga el desafuero y se solicitó para él arresto domiciliario, prestación de fianza real adecuada, obligación de presentarse ante el juzgado los primeros días de cada mes y prohibición de salir del país.
Lea más: Imputan a directivos de Vicentin Paraguay por presunta estafa de US$ 5 millones
Favorecían ilegalmente a la playa de autos
El Ministerio Público sostiene que Franco Garelik y Gaona Benítez, en carácter de juez y funcionaria del Juzgado de Paz de Nueva Asunción, habrían emitido resoluciones como orden de secuestro, violando los derechos de la otra parte para favorecer a la playa de ventas de automóviles “Steven Automotores”.
Estas resoluciones habrían sido emitidas inmediatamente después del escrito de la demanda, sin cumplir las formalidades que requiere un juicio ordinario en el ámbito civil.
Esto se corrobora con el acta del allanamiento realizado en el Juzgado de Paz de Nueva Asunción, de donde se incautaron 68 expedientes judiciales sin los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil.
Lea más: Diez meses después de muerto, “firmó” una transferencia
Así operaban con las víctimas
El 5 de agosto del 2023, en la playa de ventas de vehículos “Steven automotores”, ubicada sobre las calles Acceso Sur c/ Mangoré de Ñemby, Natalia Bareiro Spurio adquirió un vehículo, haciendo una entrega de G. 13.500.000 y comprometiéndose a pagar 36 cuotas de G 1.694.000.
La compradora incluso tenía en su vehículo un sistema de rastreo satelital (GPS), y el primer vencimiento de su cuota era el 10 de setiembre de 2023.
El contrato privado fue firmado con Carlos Alfredo Bareiro Benítez en representación de Denis Steven Bareiro Chávez, con certificación de firmas por parte de la escribana Olga Valentina Insaurralde.
La compradora se habría atrasado en el pago de su primera cuota, por lo que el 2 de octubre llegó hasta su domicilio el oficial de Justicia Carlos Irala, con una orden de secuestro firmada por el juez y la actuaria judicial.
No le dieron su auto aunque pagó
Ante dicha situación, ella entregó su auto y se acercó a Steven Automotores, pensando que al pagar la cuota le entregarían su auto, pero en lugar de eso le solicitaron que entregara G. 17.000.000.
Ante su negativa, intentaron hacerle firmar un contrato de compra-venta a favor del señor Denis Steven Bareiro Chávez, el cual se negó nuevamente a firmar y en un descuido tomó una foto del contrato, que le sirvió como prueba posterior.
Se negaron a entregarle tanto el vehículo como el dinero de su entrega inicial, así como los pagarés originales que había firmado cuando hizo la compra.
Organización de estafadores
Los indicios de la Fiscalía dan cuenta de que se trata de un esquema de estafadores que crea expedientes judiciales con procesos irregulares, sin dar cumplimiento a lo que establece la forma de la demanda del Código Procesal Civil.
Esto, con la intención de engañar y obtener beneficios económicos para repartirse entre los integrantes de la organización delictiva.