Juicio a policías por supuesta coima y privación ilegítima de la libertad

El suboficial ayudante Cemión Arce Mendoza (28) y la oficial ayudante Evelyng Jazmín Núñez González (25), afrontan desde hoy un juicio oral y público por supuesto cohecho pasivo agravado (coima) y privación ilegítima de la libertad. Es a raíz de un procedimiento realizado en diciembre del 2022 por los agentes, que en la época prestaban servicios en la comisaría 3ª, de Asunción.

El Tribunal de Sentencia presidido por Yolanda Morel (centro) e integrado por Ana de Jesús Ramírez y Karina Cáceres tiene a su cargo el juicio oral y público a dos policías por supuesto cohecho pasivo agravado (coima) y privación ilegítima de la libertad.
El Tribunal de Sentencia presidido por Yolanda Morel (centro) e integrado por Ana de Jesús Ramírez y Karina Cáceres tiene a su cargo el juicio oral y público a dos policías por supuesto cohecho pasivo agravado (coima) y privación ilegítima de la libertad.Gustavo Machado

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El juicio oral y público a los policías acusados por supuesta cohecho pasivo agravado (coima) y privación ilegítima de la libertad está a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por Yolanda Morel e integrado por Ana de Jesús Ramírez y Karina Cáceres. Tras la presentación de los alegatos iniciales, tanto el suboficial ayudante Cemión Arce Mendoza como la oficial ayudante Evelyng Jazmín Núñez González prestaron declaración indagatoria, ocasión en que coincidieron en negar los cargos.

Los fiscales Verónica Valdez y Diego Arzamendia, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) están a cargo de la acusación y afirmaron en sus alegatos iniciales, que demostrarán en juicio la responsabilidad de los uniformados en el ilícito acusado, del que resultó víctima una joven madre, en diciembre del 2022.

La agente policial Evelyng Núñez (izq.), con los abogados de la defensa, en la sala de juicio oral y público.
La agente policial Evelyng Núñez (izq.), con los abogados de la defensa, en la sala de juicio oral y público.

Acusación afirma que policías exigieron dinero a joven madre

La acusación presentada en julio del año pasado por los fiscales Osmar Legal (actual juez de garantías) y Alma Zayas, afirma que los uniformados privaron ilegalmente de su libertad a una joven madre, a la que exigieron G. 3 millones para su liberación.

El requerimiento fiscal relata que el 5 de diciembre de 2022, el administrador del “Club La Condesa” Arnaldo Ramos Santacruz, denunció ante la comisaría 3ª Asunción por supuesto hurto a Johana Riveros Saavedra, su antigua empleada.

La denuncia fue recibida por la oficial Evelyng Núñez, quien encabezó un procedimiento al día siguiente.

Ese 6 de diciembre, Johanna Riveros, junto con su hija de 5 años, se retiró del local ubicado en Chile entre Humaitá y Haedo, tras acordar su desvinculación laboral y cuando la joven se dirigía al Ministerio de Trabajo, fue interceptada por una patrullera, a bordo de la cual estaban Evelyng Núñez y Cemión Arce.

Extorsión habría ocurrido dentro de patrullera

Este último le exigió a Riveros que suba a la patrullera y recorrieron con la joven por varias horas. La acusación revela que durante el trayecto, los agentes le habrían exigido la suma de G. 3.000.000 para liberarla.

Desesperada, la joven pidió ayuda a su familia para juntar el dinero y, el momento de la entrega fue filmado por sus allegados.

Ante la airada reacción de los familiares de la joven, que amenazaron con denunciar el caso a la Fiscalía, los agentes llevaron a la mujer a la comisaría.

El Tribunal de Sentencia dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, cuando el juicio continuará con la exhibición de los videos ofrecidos como prueba, así como la declaración de testigos.

JEM rechazó denuncia contra fiscal que acusó a policías

En enero del año pasado, la madre de la agente Núñez, la abogada Zunilda Landaida, denunció al entonces fiscal Legal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por considerar que la detención de los agentes fue ilegal.

En ese sentido, la letrada alegó que los agentes ahora acusados sólo hicieron su trabajo, en atención a que la afectada tenía orden de captura.

Por unanimidad, los miembros del JEM rechazaron esta denuncia contra Legal, en junio del año pasado.

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