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El abogado Marciano Daniel Lobo Corbeta, uno de los que ejercen la defensa del pastor José Alberto Insfrán Gaelano, recusó a al jueza penal de garantías de Crimen Organizado Rosarito Montanía, quien tiene a su cargo la causa caratulada “Miguel Ángel Insfrán Galeano y otros s/ Ley 1881/2002 que modifica Ley 1340 (Ley n° 6379 Crimen Organizado”, por el caso A Ultranza.
El auxiliar de justicia señaló en su recusación que acciona según lo establecido en el artículo 50° del Código Procesal Penal, “en sus numerales 10) haber emitido opinión o consejo sobre el procedimiento, que conste por escrito o por cualquier medio de registro; 12) tener enemistad, odio o resentimiento que resulte de hechos conocidos; y, 13) cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecten su imparcialidad o independencia”.
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Agregó el abogado Lobo Corbeta en su escrito en relación a la magistrada: “desde el inicio mismo de mi intervención en esta defensa, V.S. ha demostrado su falta de imparcialidad reglada por la propia Constitución Nacional y su falta al deber de excusación, más allá que V.S. lo niegue sus acciones delatan su prevaricación constante, con acciones anómalas al debido proceso penal y que atentan contra la Ley Suprema de la Nación”.
En otro párrafo acusó a la jueza que “ya perdió desmedidamente el apego a la Ley, con el solo efecto de perjudicar a mi defendido José Alberto Insfrán Galeano, por su inefable odio hacia mi persona”; “pero necesariamente su animadversión hacia mi persona la hace incurrir en desatinos cargados de odio como se aprecia en su providencia (que señalaba el traslado de Insfrán de la Senad a Emboscada), además cargada de una falta de fundamentación y por sobre todo un prejuzgamiento impropio de un Magistrado”.
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Proceso obstaculizado para otros encausados en caso A Ultranza
Al ser recusada la jueza Rosarito Montanía, un Tribunal de Apelación en lo Penal es el encargado de analizar la acción de la defensa de José Alberto Insfrán, de modo de ratificar a la magistrada o asignar otro administrador de justicia a cargo del caso A Ultranza. De momento el curso del proceso se ve obstaculizado en relación con los demás procesados.
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En ese sentido, su hermano Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, es uno de los que aún tiene en curso el proceso penal. El mismo es señalado como supuesto líder, en Paraguay, de un grupo criminal dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes, con el cual colaboraba presuntamente su hermano recusante y otros familiares, así como testaferros para el esquema de lavado de dinero.
Otro que continúa con causa abierta es Rodrigo Emilio Montalva Agüero, alias Roli, quien según la investigación del Ministerio Público fungía de secretario y hombre de confianza del uruguayo prófugo Sebastián Enrique Marset Cabrera y también, colaborador de Miguel Insfrán. Montalva tenía a su cargo ocultar los panes de cocaína dentro de mercaderías licitas, en depósitos Mariano Roque Alonso y coordinar las operaciones de la droga.
Pastor Insfrán denunció condiciones infrahumanas en su reclusión
El pastor procesado por supuesto lavado de dinero en asociación criminal, José Alberto Insfrán Galeano, a través de su abogado defensor Nelson López, denunció que en la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Emboscada cumple actualmente su prisión preventiva bajo “condiciones infrahumana y degradante, en violación a sus derechos humanos”.
También refirió, en relación con la cárcel, que “no está habilitada aún oficialmente y sobre todo, bajo un régimen que no está amparado en la ley sino en simple acto administrativo, que casualmente salió en el día de traslado”, llevado a cabo desde la Senad a la FOPE y de ahí, en helicóptero, a Emboscada el 27 de febrero último.
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Señaló como condiciones indignantes el “encierro prolongado de 22 horas continuadas en su celda, sin ventilación, sin cama, sin colchón, sin almohada, sin silla para sentarse, sin tener contacto visual afuera de su celda” y “carencia total de elementos básicos de aseo personal, vestimenta y otras necesidades básicas que depende de que sus familiares le provean de afuera”.
Así también, señaló que tiene “total restricción de visitas a familiares, quienes tienen que agendarse con varios días de anticipación y solo aquellos más cercanos pueden hacerlo (papá, mamá, esposa e hijos), previa presentación de documentos acreditantes” y que a la hora de visita de su abogado, no tiene privacidad, pues están vigilados de cerca por varios agentes penitenciarios.