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La defensora pública especializada en la Ley 5777 abogada Antonella Saint Paul y la directora de comunicación de la Fiscalía Élida Favole hablaron sobre la violencia contra la mujer esta mañana en los estudios de ABC Cardinal. Entre otros puntos, rechazaron con firmeza la intención cartista de derogar la normativa que brinda una protección integral.
La abogada señaló que la ley no puede ser inconstitucional, como se planteó desde el oficialismo, puesto que existen varios convenios y tratados internacionales incluso previos a la Constitución y también la misma Carta Magna prevé medidas de protección contra discriminación y violencia.
“Existe todo un marco de rango incluso superior, de rango constitucional y tratados, en los que nuestro país se compromete a lo que recién ahora bajó en una ley especial que da esa visibilidad a algo a lo cual el Paraguay ya se comprometió antes”, indicó.
La defensora señaló que no ve con buenos ojos una derogación, debido a los múltiples beneficios de la ley. Planteó que sí se podría debatir sobre la modificación de algunos artículos que requieren aclaración. “Me parece que no es viable”, insistió sobre la derogación.
Además, indicó que la normativa incluyó a casi 20 instituciones del Estado en todo el sistema de articulación, protección y atención a las víctimas, confirmando así la intención del Estado de implementar políticas públicas y sanciones.
El país se expondría a sanciones internacionales
De parte del Ministerio Público, Favole cuestionó con más firmeza la intención de derogar la ley. “Sin lugar a dudas sería un retroceso, va a dejar desprotegidas a las víctimas, si con la ley estamos así, sin la ley cómo estaríamos”, manifestó considerando las altas cifras registradas.
Señaló que con la normativa implica la obligatoriedad de que todos los funcionarios de las distintas instituciones involucradas tomen las denuncias, pues anteriormente era muy común que los encargados de brindar atención juzguen a las víctimas antes de ayudarlas.
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“La ley vino a reforzar acciones que ya estaban plasmadas a nivel internacional pero en la práctica no se daban, no se prestaban, es importante mejorar algunos aspectos, como por ejemplo hay unos hechos meramente declarativos que no tienen violencia penal, como la violencia política, que en la ley estaba y se había cercenado”, planteó.
Favole recalcó que sería un gran retroceso y las víctimas quedarían desprotegidas. “Y como país podríamos incurrir en una sanción internacional, porque es una violación de derechos humanos. Sería un error, un retroceso, un atentado contra las mujeres en general”, concluyó.