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El pastor procesado por supuesto lavado de dinero en asociación criminal, José Alberto Insfrán Galeano, a través de su abogado defensor Nelson López, denunció que en la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Emboscada cumple actualmente su prisión preventiva bajo “condiciones infrahumana y degradante, en violación a sus derechos humanos”, en el marco del proceso abierto en el caso A Ultranza.
También refirió, en relación con la cárcel, que “no está habilitada aún oficialmente y sobre todo, bajo un régimen que no está amparado en la ley sino en simple acto administrativo, que casualmente salió en el día de traslado”, llevado a cabo desde la Senad a la FOPE y de ahí, en helicóptero, a Emboscada el 27 de febrero último.
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Señaló como condiciones indignantes el “encierro prolongado de 22 horas continuadas en su celda, sin ventilación, sin cama, sin colchón, sin almohada, sin silla para sentarse, sin tener contacto visual afuera de su celda” y “carencia total de elementos básicos de aseo personal, vestimenta y otras necesidades básicas que depende de que sus familiares le provean de afuera”.
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Así también, señaló que tiene “total restricción de visitas a familiares, quienes tienen que agendarse con varios días de anticipación y solo aquellos más cercanos pueden hacerlo (papá, mamá, esposa e hijos), previa presentación de documentos acreditantes” y que a la hora de visita de su abogado, no tiene privacidad, pues están vigilados de cerca por varios agentes penitenciarios.
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Pastor Insfrán pide intervención de órganos judiciales
Por las situaciones expuestas, el abogado Nelson López solicitó en su escrito la “urgente intervención de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, a fin de restablecer de inmediato los derechos humanos conculcados a mi defendido y en su caso, ordenar en forma inmediata su traslado a otra penitenciaría ordinaria, garantizándole sus derechos”.
Enfatizó en que el pastor José Insfrán cumplía la medida impuesta por la jueza de la causa, Rosarito Montanía, en la Senad, pero tras un informe elevado por el director de la SIU-Senad, Daniel Fernández, a través de la Nota SIU N° 47/2024, “en el cual lo consideró como un delincuente de alto perfil que puede poner en riesgo la seguridad interna del país”, se dispuso su inmediato traslado a la penitenciaría.
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Por ello, López solicitó en carácter de “urgente” se oficie a la Senad a fin de que remita informes concretos que sustenten la nota de la SIU que sirvió de fundamento para el traslado de Insfrán; oficio al Ministerio de Justicia a fin de que informe a la Corte sobre la ley o resolución que reglamenta el funcionamiento del régimen especial de reclusión aplicado en ese penal.
Así como que el juzgado penal de garantías a cargo de Montanía “eleve un informe pormenorizado sobre el sustento legal y probatorio que justifique la calificación de delincuente de alto perfil y de alta peligrosidad de mi defendido” y “constitución del presidente de la Corte, acompañado del actuario, a la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Emboscada, a fin de constatar in situ las condiciones en que se encuentra Insfrán”.
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En relación con el último pedido, pidió “dictar acuerdo y sentencia, haciendo lugar a la presente solicitud de habeas corpus genérico ordenando su inmediato traslado a otra penitenciaría” y luego, “ordenar la instrucción de sumarios administrativos a quienes resulten responsables de la violación a sus derechos humanos, debiendo remitir los antecedentes a la Superintendencia de Justicia”.
El Operativo A Ultranza Py
El 22 de febrero de 2022 se llevó a cabo el megaoperativo contra el narcotráfico A Ultranza Py, con allanamientos en todo el país, en busca de los miembros de una red narcotraficante, entre ellos Miguel Ángel Insfrán, su hermano José Alberto Insfrán y el uruguayo Sebastián Marset, pero los mismos ya estaban prófugos en ese entonces.
El 8 de julio de 2022, a través del puesto de la Dirección General de Migraciones de Puerto Falcón, se registró el ingreso de José Alberto Insfrán, pero este hecho recién trascendió 20 días más tarde. Esta situación amerió la apertura de una investigación fiscal sobre los funcionarios María del Carmen Guex Caballero y Carlos Gustavo Giacummo Pesole, quienes fueron imputados por frustración de la persecución y ejecución penal y beneficiados posteriormente con la suspensión condicional del procedimiento.
Según los datos de la Fiscalía, al momento en que Guex registró la entrada de Insfrán a Paraguay, saltó la alerta sobre su captura, pero la habría omitido, al igual que Giacummo.
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El 9 de febrero del 2023 Miguel Angel Insfrán, alias “Tío Rico” fue detenido en Rio de Janeiro, Brasil y extraditado al Paraguay el 19 de mayo del mismo año.
A su vez, el pastor Insfrán permaneció prófugo hasta el 16 de noviembre del año pasado, fecha en que se presentó en horas de la mañana ante la sede de la Fiscalía de Narcotráfico, ubicada sobre la calle Eligio Ayala casi Estados Unidos de Asunción, acompañado de sus abogados Daniel Lobo Corbeta y Nelson López Ruiz.