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Herederos de una propiedad de nueve hectáreas y media, ubicada en la compañía Pai Ñu de la ciudad de Ñemby, denuncian maniobras supuestamente dolosas de parte de los sucesivos intendentes para motivar una invasión y expropiación del inmueble. Los mismos exigen desalojo e indemnización.
El inmueble, que es un solo cuerpo, cuenta con los números de fincas; 1.320, 135, 1.321 y 83 con n° de padrón 252, 369, 209 y 210, cuyos propietarios fueron José María Martínez y Ramona Almeida, y un total de siete hijos quedaron como herederos universales, hoy día todos fallecidos, pero los descendientes exigen justicia.
Las primeras ocupaciones del terreno se registraron en julio del 2000 bajo la administración del intendente colorado, Julio César Franco (+), luego continúo con Blas Lanzoni (PLRA), Héctor Lesme (PLRA), Lucas Lanzoni (PLRA) y actualmente, Tomás Olmedo (ANR).
“Mi familia fue despojada en forma violenta y fraudulenta de toda su propiedad hace 24 años, y hasta hoy día no se hace justicia, se adulteró el plano, se cambiaron las posiciones de las fincas, y hasta se menciona terrenos fiscales para autorizar las ocupaciones”, expresó Lourdes Sosa, hija de una de las herederas.
Dijo que en el terreno continúan viviendo algunos de los descendientes, y que constantemente son amedrentados por los invasores para abandonar el lugar o que de lo contrario deben de pagar por las parcelas que ocupan desde hace más de 80 años.
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Expedientes desaparecieron del juzgado de Lambaré
Dijo que varios documentos presentados ante el juzgado de primera instancia de Lambaré, durante el periodo del magistrado, Isidoro Olazar Pozza, desaparecieron, y que el congreso aprobó la expropiación de una hectárea y media en el 2019 con documentos supuestamente adulterados.
“Hugo Balvuena elaboró un plano sobre una mensura administrativa de 1 ha 8.567 metros cuadrados y hace figurar como propietaria a la municipalidad de Ñemby, y mi familia inició el juicio en el juzgado de Lambaré con el juez Olazar (Isidoro), pero llamativamente el expediente desapareció, solo exigimos justicia”, expresó Sosa.
Igualmente en el 2023 el congreso aprobó la expropiación de otras dos hectáreas y media, pero el presidente Santiago Peña, vetó por detectar irregularidades y fue anulada dicha resolución, según explicó Sosa.
“La primera expropiación se hizo en el 2019 con documentos adulterados, que hasta hoy el gobierno no paga, porque alegan falta de recursos, y hoy día el asentamiento ya cuenta con mansiones y escuela, pero vamos a pelear para el desalojo y la indemnización por los daños causados”, expresó otra de las herederas, Larissa Ferreira.
Por su parte, Blas Lanzoni, negó que haya tenido injerencia en la ocupación del terreno en cuestión, aclaró que las primeras ocupaciones se iniciaron en el 2000 y que él asumió a finales del 2001 e instó a la familia a que llegue a los estrados judiciales para el desalojo.
A su turno, el actual director de territorio social de la municipalidad, Rubén Chaparro, quien estaría asesorando a los ocupantes, aseguró que cuenta con todos los documentos que avalan las acciones realizadas en el asentamiento.
