Abogada procesada por supuesta venta de cargos del IPS seguirá presa

Fátima Patricia Agüero Stelhik, exabogada de la senadora Zenaida Delgado (HC, ex Cruzada Nacional), seguirá presa. Así lo resolvió hoy la jueza penal de garantías Alicia Pedrozo, en la causa abierta a la letrada por supuesta venta de cargos en el Instituto de Previsión Social (IPS).

La abogada Fátima Agüero fue detenida en el marco de una investigación por venta de cargos en IPS.
La abogada Fátima Agüero (de remera verde) fue detenida en el marco de una investigación por venta de cargos en IPS, en enero pasado.

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En una audiencia de revisión de medidas en la causa abierta por supuesta venta de cargos en el Instituto de Previsión Social (IPS), la jueza penal de garantías Alicia Pedrozo resolvió mantener la prisión preventiva de Fátima Patricia Agüero Stelhik.

La letrada, exabogada de la senadora Zenaida Delgado (HC, ex Cruzada Nacional) fue detenida el 10 de enero en el marco de la investigación realizada por la fiscala Sandra Ledesma, quien la imputó por estafa y asociación criminal, junto a otras doce personas.

El abogado Héctor Mora solicitó la aplicación de medidas menos gravosas, para lo cual ofreció certificado de vida y residencia en el barrio Roberto L. Petit, la fianza de un inmueble ubicado en Ñemby, valuado en poco más de G. 400 millones y la fianza personal de Abraham Enrique Agüero Stehlik y Giuliana María Ojeda Bernal.

Asimismo, el letrado destacó que los hechos punibles imputados están calificados como delitos, por lo que no pueden ser considerados como graves.

Jueza descarta hechos nuevos que favorezcan a procesada por supuesta venta de cargos en IPS

“Con respecto a los requisitos para la aplicación de la prisión preventiva, a criterio del Juzgado éstos se encuentran en el mismo estado que llevaron al dictado de la resolución objeto de esta revisión, y la defensa técnica el día de la fecha no ha acreditado un hecho nuevo que modifique sustancialmente los presupuestos y hechos atribuidos a su representada del auto de prisión preventiva”, afirmó la jueza Pedrozo.

Zenaida Delgado, senadora electa por el Partido Cruzada Nacional.
Zenaida Delgado y su abogada Fátima Agüero, en una foto antes del escándalo derivado de la detención de la letrada, cuando se la conocía únicamente por representar a la parlamentaria.

La magistrada destacó que el caso que involucra a la abogada Aguero se considera de alto impacto social y complejidad y además, actualmente se encuentra en plena etapa investigativa y con varias diligencias investigativas pendientes.

“(...) cabe mencionar que muchas veces la gravedad del hecho no se encuentra directamente relacionada al marco penal o tipo legal, sino que también son consideradas otras circunstancias, y en el presente caso como ya se dijera se trata de un proceso penal sobre una supuesta red conformada a los efectos de reclutar personas que serían supuestamente nombrados o contratadas en el Instituto de Previsión Social, investigación que se encuentra en curso, por lo que este Juzgado no desconoce el marco penal previsto para los hechos atribuidos, pero en tal sentido, considera que se encuentra plenamente justificada la gravedad del hecho, primer requisito a los efectos de evaluar los presupuestos establecidos en el Art. 242 del C.P.P.”, explicó Pedrozo.

Rosca habría estafado a unas 3.000 personas

La investigación de la estafa con la venta de cargos en el IPS está a cargo de la fiscala Sandra Ledesma, quien realizó unos 15 allanamientos, imputó a trece personas -entre los cuales se encuentran funcionarios de la Previsional y abogados particulares- y ordenó la captura de otras siete.

A partir de la tarea investigativa iniciada con relación a venta de cargos de la previsional, la agente fiscal detectó que en realidad, el esquema de estafas también involucra a otras instituciones del Estado como Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de Salud Pública (MSPBS), Entidad Binacional Yacyretá y otros.

Los investigadores estiman que unas tres mil personas habrían sido estafadas por el grupo, que exigía sumas desde G. 3 millones para un cargo en IPS y hasta G. 20 millones, en la Entidad Binacional Yacyretá.

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