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En sesión ordinaria llevada a cabo este miércoles, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió remitir una nota para urgir al Poder Legislativo, específicamente a la Cámara Alta, el tratamiento del proyecto de la ley antichicana, que fue presentado ya en el año 2019 y que hasta el día de hoy se encuentra sin ningún tipo de adiciones o evolución por parte de los legisladores.
“Con esta nueva idea no se limita la posibilidad de recusar, como se viene haciendo en casos de los que tenemos noticias, sino que suspende el plazo de duración máxima cuando se presenten excepciones o acciones de inconstitucionalidad o esté en el trámite de las recusaciones o inhibiciones de los magistrados del fuero penal”, explicó el ministro Alberto Martínez Simón.
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Martínez Simón también recordó que se presentó un primer proyecto, pero quedó sin efecto porque distintos gremios de abogados se opusieron a este porque, según consideraban, coartaba el derecho de recusación, luego se presentó un nuevo texto que es el que está en tratamiento hace casi 5 años.
Es por lo expuesto y la falta de tratamiento de parte de los senadores que Martínez Simón propuso al pleno “presentar una nota, como se hizo ya anteriormente, de urgimiento para su estudio y pronta sanción de esta ley”, que tuvo aprobación de parte del presidente de la Corte, César Diesel, y los demás ministros María Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia, Luis Benítez Riera, César Garay, Gustavo Santander, Eugenio Jiménez, y Víctor Ríos.
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Primer urgimiento de la Corte fue hace dos años
El 29 de junio del año pasado, también a propuesta del ministro Alberto Martínez Simón, el pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió insistir con el pedido al Congreso Nacional para urgir el tratamiento del proyecto de ley que modifica varias normas contenidas en distintos códigos procesales que regulan los diversos fueros, entre ellos el Artículo 57 del Código Procesal Penal, y que busca limitar la presentación de recusaciones y agilizar los procesos judiciales, conocida como el proyecto de “ley antichicanas”.
En ese momento había señalado que no existe un límite establecido en la ley en lo referente a la presentación de recusaciones contra magistrados y que el proyecto presentado al Poder Legislativo lo que busca es fijar en términos razonables un ejercicio que “claramente es abusivo”, según cuestionó.
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Así también, había señalado que claramente se producen dilaciones, muchas veces notorias, en procesos en que se prorrogan 30 o 40 veces audiencias con el simple argumento de la recusación contra los magistrados, como ocurrió en el caso que derivó en la condena del exgobernador de Presidente Hayes Óscar Venancio “Ñoño” Núñez por la tragada de G. 43.000 millones de la institución departamental.
El proyecto fue presentado en abril de 2019 como iniciativa legislativa de la máxima instancia judicial y tiene por objetivo regular las recusaciones a jueces que hoy se dan sin límites, por lo que la Corte Suprema de Justicia ratificará el interés institucional en la normativa.
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Corte hizo cuestionamientos a abogados chicaneros
“El derecho tiene límites, el ejercicio abusivo del derecho está fuera de la ley, eso está establecido en el artículo 372 del Código Civil. Los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los demás, por lo tanto ese ejercicio tan reiterado y tan evidente para dilatar procesos es el que tenemos que limitar a términos razonables”, dijo hoy el ministro Alberto Martínez Simón en la sesión ordinaria del pleno de la Corte Suprema de Justicia.
La crítica del ministro de la máxima instancia judicial fue en el marco de su preocupación por la dilación que se dan en varias causas, en todos los fueros, a causa de las reiteradas chicanas planteadas por las defensas. Específicamente, en ese entonces, se refirió al caso del exgobernador de Presidente Hayes Óscar “Ñoño” Núñez, acusado y luego condenado por la tragada de más de G. 43.000 millones en la Gobernación.