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El cumplimiento del reglamento UE N° 1115/ 2023 presenta desafíos significativos para la soja en Paraguay, ya que no refleja adecuadamente la realidad de los sistemas productivos locales y especialmente de nuestro país, explicó el Ing. Esteban Vasconsellos, experto en sistemas de sostenibilidad productiva.
“El reglamento UE N° 1115/ 2023 no tiene en cuenta nuestras capacidades para un desarrollo sostenible, que está respaldado por bases técnicas y científicas; tampoco reconoce nuestra legislación vigente, lo que socava la credibilidad de nuestras autoridades”, comentó el profesional.
Además indicó que dicha norma otorga igual peso a los documentos legales en relación a las denuncias, a través del proceso de diligencia debida, lo que complica la actividad comercial.
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Amplió que la resistida nueva reglamentación comercial europea no se centra en la trazabilidad del producto, sino en los datos del entorno, convirtiéndola en una medida socioambiental.
“Es esencial evitar que, al perseguir posibles beneficios en un mercado de exportación de soja y subproductos, actualmente de poco volumen, se perjudique a una gran mayoría de productores al permitir futuras imposiciones de medidas arancelarias con motivos ambientales que no se ajustan a nuestra realidad nacional”, advirtió.
Reglamento de la Unión Europea afectará directamente a los productores
Según el análisis de Vasconsellos, aunque la normativa N° 1115 establece que el importador y exportador deberán presentar los términos, será el productor de campo quien se verá directamente afectado y obligado a cumplir con las disposiciones.
En ese sentido enfatizó que el proceso deberá comenzar en el campo con el apoyo de las autoridades competentes, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y sus organismos autárquicos (Infona, Senacsa, Senave, etc.) y por eso será crucial que el proceso se construya sobre una base sólida y consensuada.
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Agregó que para que los productores agropecuarios puedan participar de manera efectiva en ese proceso, es fundamental hacer cumplir y validar nuestras normativas e instituciones, por parte de los de la Unión Europea.
“Debe ser un proceso gradual y adaptado a la realidad del campo, permitiendo que la mayoría de los productores agrícolas, ganaderos y forestales puedan ingresar, producir y comercializar sus productos para el mercado europeo”, concluyó.
A partir del 1 de enero del 2025 la Unión Europea no aceptará ningún producto proveniente de zonas donde ha existido deforestación, hasta el 31 de diciembre de 2020. Y lo complicado es que no aceptarán la mezcla de granos de soja, entre producciones de áreas deforestadas y libre de deforestación, en ninguna parte del proceso, lo que implica segregación en camiones, silos, barcazas. Esa exigencia, de acuerdo a la infraestructura y al realidad del campo, es casi inviable e implicará gran sobrecosto.