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El pedido de apelación fue presentado por el representante de Froilán Peralta, el abogado Leonardo Colina. Este había solicitado la prisión domiciliaria para su defendido (quien estuvo prófugo por un largo período) fundándose en el Art. 239 del Código de Ejecución Penal (CEP).
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La referida petición fue finalmente aceptada por el Tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de Central, integrado por los jueces Fabriciano Villalba Martínez, Sonia Deleón Franco de Nicora y María Lourdes Cardozo de Velázquez. Esta última votó en disidencia.
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Villalba fundamentó su decisión en tres requisitos citados en la referida normativa. En primer término se fundó en la edad de Peralta, a pesar de que la normativa señala taxativamente que el beneficiario debe tener más de 70 años. El exrector apenas pasa esa edad. También argumentó que Froilán fue condenado sin tener “reincidencia” en el ilícito cometido.
Froilán fue condenado por lesión de confianza en agosto de 2022 a tres años de prisión pero se entregó recién el 9 de noviembre de 2023. El Tribunal de Sentencia que lo había hallado culpable y condenado fue el de Fernando de la Mora, integrado por Victoria Ortiz en la presidencia, y como miembros por Rylsi Ortiz y Pedro Nasser. Fue sobreseído en el cargo de inducción a un subordinado porque la causa prescribió.
Desde ese entonces las autoridades judiciales decidieron que el exrector de la UNA debía cumplir la condena en el Centro Penitenciario La Esperanza, en Asunción.
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Peralta estuvo prófugo durante este tiempo hasta que el 9 de noviembre de 2023 se entregó en la comisaría 1 Central de San Lorenzo y pasó a guardar reclusión hasta que finalmente ayer logró conseguir completar la pena impuesta en su domicilio.
Froilán Peralta ocasionó a la UNA un millonario perjuicio patrimonial
Froilán Peralta había sido imputado e investigado por una serie de delitos de corrupción cometidos durante su función como rector de la UNA. Según la pesquisa, el perjuicio patrimonial que causó fue de G. 1.154.401.733.
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Esos ilícitos fueron dados a conocer durante la masiva rebelión y primavera estudiantil en el año 2015 más conocido como “#UNANoTeCalles”. Durante el juicio se comprobó que Peralta contrató a parientes y otras personas con rubro docente sin tener el título habilitante para ejercer la docencia, entre otros.
En el mismo proceso también fue condenada por estafa a tres años y seis meses de prisión la exdirectora de Talentos Humanos de la UNA, María del Carmen Martínez Mendoza.