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La donación que alega el Dr. Emilio Camacho una ley en la que el Estado paraguayo acepta recibir tierras que será administrada por el Indert, y luego debe transferir los inmuebles a sus ocupantes, los que viven en Puerto Casado. La parte del casco urbano que comprende también escuelas y el hospital, como centenares de casas, se dona al municipio casadeño para que posteriormente transfiera a sus moradores, gente que vive en ese lugar hace más de 100 años, indicó el abogado.
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La demanda de acción autónoma de nulidad que se promovió en noviembre de 2023, fue luego que la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial tuvo una pelea interna en la iglesia, y luego pierde un pleito de hacer escritura pública contra la firma Cusabo, y esas tierras pasan a manos de empresas de portafolio constituidas con US$ 1.000 de capital, de US$ 100 de capital , en paraísos fiscales.
Todo esto fue denunciado en la demanda de nulidad, pero ni eso no nos molesta como el hecho de haber cambiado de dueño y no se pudo efectivizar la donación a favor de la Comuna de Puerto Casado, se violó expresamente la Ley N° 3294 por la cual el Estado aceptó recibir en donación las 35.000 Ha. a título gratuito, que pueden ser aún más, pero está es la donación que incluye el caso urbano, indicó el abogado.
Camacho también dijo que otro grave error del juicio que fue demandado es que se vendieron estas propiedades que debían ser donadas a favor de la comuna de Puerto Casado, a pesar de lo que dispone la Ley de Zona de Seguridad Fronteriza 2532/2005, porque estas tierras limitan con el Brasil.
Esta ley 2532 establece que todas las tierras que limitan con otros países tienen que tener autorización especial y se debe conocer a quienes se venden, para evitar que como en este caso, sean adquiridas por extranjeros limítrofes.
Entrega de tierras a empresas que serían de maletín
Este hecho fue tan grave que la jueza Tania Irún fue destituida porque entregó 310.000 Ha. de tierras en el Chaco a los nuevos dueños que serían empresas de maletín, y gran parte de estas tierras se encontraban en la zona de seguridad fronteriza, refirió.
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Dos ministros de Corte que integraron el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) los doctores Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, votaron por la destitución de la magistrada, porque ella autorizó la entrega de tierras a estas empresas sin verificar quienes eran los propietarios, ni cómo estaban constituidas, además, ni se preocupó en investigar en qué sitio estaban asentadas las tierras, alegó.
En segundo lugar, la jueza tomó vacaciones, adelantó su vuelta y en el primer día firmó la sentencia para entregar las tierras a las empresas de maletín, según señaló el Dr. Ramírez Candia en su voto en el Jurado.
Es por eso que, en presentación de la Comuna de Puerto Casado, Camacho demandó y planteó la nulidad de la sentencia de la jueza Tania Irún porque priva a la comuna la donación de las tierras y también está privando al Estado paraguayo que entregue esas fincas a sus legítimos dueños, explicó el abogado.
Para colmo, el Indert había solicitado tomar intervención en el juicio que inició la firma Cusabo contra la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, pero la jueza Irún rechazó el incidente en el 2018. Fue una gran arbitrariedad de la jueza, dijo.
Por la Constitución Nacional, el municipio forma parte de la integridad territorial del Estado, entonces el intendente de Puerto Casado y el Abg. Camacho, que representa a la municipalidad, defiende, primero, la propiedad de los miles de casadeños, porque se quedaron sin tierras porque están a nombre de otras personas y no se realizó la donación.
Agregó, que varias fincas son fronterizas, y se vendieron sin que se sepan quienes eran a quienes se transferían, que fue lo que el JEM detectó como grave irregularidad.
De igual manera, la Constitución dice que los departamentos y municipios forma parte de la integridad territorial de Estado, entonces es una obligación del municipio defender el territorio paraguayo, que es lo que hicimos con la demanda de nulidad de la sentencia, que se adjudique y efectivice la donación al Indert y al municipio indicó.
Intervención de la Procuraduría
El abogado Camacho asimismo dijo que en el juicio de acción autónoma de nulidad pidió se corra vista a la Procuraduría General de la República para que defienda los intereses patrimoniales del Estado paraguayo, que es su obligación legal y constitucional, como representante del Poder Ejecutivo.
No se sabe quienes son los dueños de la propiedad, ahora están informando, tres años después de la sentencia, consumada la arbitrariedad y el despojo de tierras de Puerto Casado y del Indert, que se está pretendiendo “regularizar”. Por eso pedimos la nulidad de la sentencia, explicó.
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La medida cautelar de prohibición de innovar
El 5 de febrero de 2024, el Dr. Camacho planteó al juez en lo civil y Comercial del Tercer Turno a cargo del Abg. Juan Francisco Blanco, como medida cautelar la prohibición de innovar y contratar con referencia los inmuebles afectados que se encuentran en Puerto Casado, departamento de Alto Paraguay; Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes; y Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay.
La medida cautelar tiene su fundamento en el informe que remitió la Procuraduría a la Cámara de Diputados a la que refiere que la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales del Ministerio de Hacienda informa que las sociedades Cusabo Limited y Kiveloria Limited, no se encuentran registradas.
El Dr. Camacho también alegó que corresponde a la Comisión Interinstitucional de la Zona de Seguridad Fronteriza (CIZOSEF) iniciar las acciones legales que correspondan en caso de observar irregularidades en los actos jurídicos relacionados con los inmuebles dentro de la Zona de Seguridad Fronteriza.
Las otras firmas que serían de maletín son Firstar Investment Limited y Elite Kingdom Limited.
Antecedente del supuesto crédito y la dación en pago de las tierras
El expediente caratulado “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”, tiene sus antecedentes en un contrato del año 1998 en que la empresa Victoria Terrace SA. supuestamente otorgó un crédito de US$ 15.000.000,a la Asociación, lo que sería un acto nulo por inexistente, así como serían nulos todos los actos jurídicos posteriores, incluido un juicio fraudulento en virtud del cual se pasó a “convertir” el “crédito” en una dación en pago por US$ 300.000.000.
En la demanda de acción autónoma de nulidad se revela que “se pretende desposeer a la accionada e impedir el cumplimiento de la ley de donación a favor de mi cliente, legitimando a la Municipalidad de Puerto Casado a quien represento (Camacho), para ejercitar esta acción, y pretender se la acoja favorablemente conforme a derecho. Y también se violentó la ley de seguridad fronteriza antes de ahora individualizada”, indicó el abogado.
La “prestamista” empresa Victoria Terrace SA, sin posibilidad de justificar la tenencia legal de US$ 15.000.000 nunca pudo válidamente haber otorgado ese crédito. No se sabe por dónde ingresó al Paraguay ese dinero, si entró realmente, en qué cuenta estuvo depositado, si fue depositado en las cuentas del supuesto deudor, refiere el escrito.
La empresa acreedora, diez años después, en 2008, “cede” ese crédito a cuatro empresas uruguayas constituidas en el mismo año 2008 y al mismo tiempo se obtiene una “dación en pago” de la supuesta deudora, en la que se le “entregan” contra un crédito prescripto, inmuebles por veinte veces el valor de la deuda.
Fallo que originó la acción autónoma
El abogado Emilio Camacho representante legal de la Municipalidad de Puerto Casado, promovió el 24 de noviembre de 2023 una acción autónoma de nulidad contra la Sentencia Definitiva N° 494 del 23 de noviembre de 2018 dictada por la Jueza en lo Civil y Comercial Tania Carolina Irún, por la cual entregó 310.000 Ha. de tierras a firmas extranjeras que serían de maletín.
Este fallo del expediente “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”, Año 2014, fue confirmado por la Cámara por A. y S. N° 74 del 14 de septiembre de 2021.