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El Tribunal de Sentencia que integran los jueces Juan Francisco Ortiz (presidente), Manuel Aguirre y Rossana Maldonado, está a cargo del juzgamiento de la causa que afronta el comisario (SR) Eusebio Torres Romero, de 86 años, acusado de supuesta tortura.
Al inicio del juicio oral y público el colegiado rechazó los incidentes de cambio de calificación y la prescripción del hecho, planteados por el Abg. Federico Hetter, quien ejerce la representación legal del acusado en esta causa.
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Por unanimidad los jueces argumentaron que en materia de derechos humanos rige la retroactividad de la ley, como una excepción, según jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Justicia y leyes internacionales, sobre hechos de lesa humanidad.
En sus alegatos iniciales la fiscala Sonia Sanguinés se ratificó en la acusación del Ministerio Público; y luego ya se produjeron numerosas pruebas documentales que ofreció la agente fiscal.
El juicio oral y público continuará este viernes 9 de febrero, según lo resuelto por el Tribunal de Sentencia.
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Antecedentes del caso
La presente causa se inició con una denuncia presentada el 9 de mayo de 2011 por los hermanos Carlos Ernesto y Luis Alberto Casco, además de Teresa Dejesús Aguilera de Casco, ante la Unidad Fiscal Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos.
Según la denuncia, Carlos Ernesto Casco habría sido trasladado desde Corrientes (Argentina) en una embarcación paraguaya hasta el Departamento de Investigación de Delitos de la Policía, en Asunción. donde Torres presaba servicio. Estuvo preso e incomunicado, además de recibir diversas agresiones físicas y sociológicas.
Luis Alberto Casco, por su parte, habría sido detenido de forma irregular el 9 abril de 1975 en Villarrica por policías de la alcaldía del barrio Ybaroty. Luego, supuestamente fue remitido a la Delegación de Gobierno de Guairá, donde según la acusación fue sometido a apremios y torturas físicas hasta el 12 de abril de 1976, es decir, por el periodo de un año. Luego fue trasladado a Investigaciones de la Policía y derivado a un calabozo con otros detenidos políticos.
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A su vez, Teresa Dejesús habría sido privada de su libertad en Encarnación el 2 de abril de 1976, sin orden judicial, y fue remitida hasta la Delegación de Gobierno de Itapúa. Allí habría sufrido todo tipo de maltratos, tanto físicos como psicológicos.