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Los jueces Víctor Hugo Alfieri Duria y Alba María González Rolón ya no forman parte de los juzgados especializados en Crimen Organizado, de acuerdo a lo resuelto por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. Ambos magistrados integraron junto al juez Darío Javier Báez Ferreira el Tribunal de Sentencia que “blanqueó” al ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La decisión del máximo tribunal se dio en la sesión de este miércoles 31 de enero, con la aprobación de la Acordada Nº 1728 “De reorganización de los Juzgados dispuestos por la Ley Nº 6379/2019 que crea la competencia en Delitos Económicos y Crimen Organizado en la jurisdicción del fuero penal”.
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Con esta decisión los tribunales de sentencia en Crimen Organizado quedaron integrados de la siguiente manera:
1- Pablino Daniel Barreto Alfonso, Juan Alberto Dávalos Bogarín y Anselma Inés Galarza Careaga.
2 - Dina Marchuk Santacruz, David Federico Rojas Dos Santos y María Luz Martínez Vázquez.
El juez Víctor Alfieri fue designado como interino del Juzgado Penal de Sentencia Nº 8 de la Capital y la jueza Alba González quedó como interina del Juzgado Penal de Sentencia Nº 22, según lo dispuesto por la máxima instancia judicial en la Acordada Nº 1728.
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Blanqueo del ex fiscal Díaz Verón y su esposa
El Tribunal de Sentencia presidido por el juez Víctor Alfieri e integrado por sus colegas Alba González y Darío Báez, a través de la Sentencia Definitiva Nº 599 del 21 de diciembre de 2023, resolvió absolver de culpa y reproche al ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón, del proceso por presunto enriquecimiento ilícito; y su esposa María Selva Morínigo, de la causa por supuesto lavado de dinero.
El presidente del colegiado de sentencia argumentó el “blanqueo” expresando que “la pericia contable elaborada por el licenciado Javier González tuvo varias irregularidades” y que dicho trabajo pericial “trajo más sombras que luces” en las jornadas del juicio oral y público.
Por su parte, el juez Darío Báez, quien tuvo a su cargo la mayor parte de los fundamentos de la resolución, expresó que el Ministerio Público “ofendió la inteligencia del Tribunal de Sentencia con varias pruebas producidas en juicio” y en otro momento calificó como “mentiras” varias pruebas de la fiscalía contra Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo.
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Báez indicó además que “no hay prueba de que Javier Díaz Verón haya cobrado dinero indebido y que haya tenido una mala administración al frente del Ministerio Público, lo que se nota en el informe de la Contraloría General de la República que no hizo ninguna observación negativa al respecto y la Seprelad informó que Javier Díaz Verón no registró ninguna operación sospechosa”.
Fiscalía apeló blanqueo y pide nuevo juicio oral
El pasado viernes 12 de enero las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera apelaron la absolución de culpa y reproche del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa. Piden a la Cámara de Apelaciones la nulidad de la S.D. Nº 599 y el reenvío de la presente causa penal para un juzgamiento adecuado y que el nuevo juicio oral y público quede a cargo de un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos.
La fiscalía se agravia por el rechazo para incluir como prueba del informe sobre el movimiento de ganado que realizaron Gregorio Lorenzo Presentado Benegas y el Dr. Gregorio Presentado Prante así como el testimonio de este último, que el Juzgado de Garantías había excluido con el argumento que debió hacerse bajo las reglas de una pericia.
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Otro punto que agravia a las fiscalas del caso es la falta de fundamentación del Tribunal de Sentencia sobre las pruebas producidas en el juicio con los informes de los peritos Mateo Nakayama y Javier González, así como sus testificales, teniendo en cuenta que guardan relación directa con el hecho punible de enriquecimiento ilícito, por tratarse de pruebas de los ingresos y egresos del ex fiscal Javier Díaz Verón y su esposa María S. Morínigo.
En sus alegatos finales las agentes fiscales habían solicitado que Francisco Javier Díaz Verón sea condenado a 8 años de cárcel, más 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos por supuesto enriquecimiento ilícito de G. 10.495.174.320; mientras para que su esposa pidieron 5 años de prisión por el hecho de lavado de dinero.