Cargando...
La jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, elevó a juicio la causa contra 9 personas procesadas en el caso A Ultranza, en los primeros minutos de ayer.
Se trata de Conrado Ramón Insfrán Villar (32), hermano de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, quien está acusado por tráfico de drogas y lavado de activos en asociación criminal.
Lea más: A Ultranza: jueza eleva a juicio causa contra los primeros acusados
La Fiscalía sostiene que Conrado supervisó y controló la llegada desde Bolivia a Paraguay de clorhidrato de cocaína, hasta su remisión al extranjero, por lo general Europa y África. Bajo este esquema totalizaron el envío de 17.340 kilos de la sustancia, logrando una ganancia de US$ 433.500.000, según la acusación.
Otro acusado, Luis Fernando Sebriano González (47), va a juicio por tráfico, lavado de activos en asociación criminal. Sebriano supuestamente colaboró con la logística para tramitar y sus sociedades Maxigrains, Artis SA, Neumáticos Guaraní SA, Guaraní Business Import e Export SA, para enviar las 17 toneladas de cocaína, según el Ministerio Público.
Lea más: A Ultranza: preliminar duró cinco meses y jueza ahora debe resolver si causa va a juicio
Despachante compró avión y tramitó registro de helicóptero de Ozorio
También José Enrique Gamarra Villalba (31), de profesión despachante de vuelos, acusado por asociación criminal y lavado de dinero. Este adquirió un avión Beechcraft B58, con matrícula ZP-BKT, en favor del supuesto narco piloto Gilberto Esteban Sandoval Gamarra, prófugo.
Gamarra además tramitó el registro y la matrícula ZP-HRP para el helicóptero Eurocopter EC120B, con placa brasileña PTYOZ adquirido por Juan Carlos Ozorio Godoy (60), quien fue acusado por lavado de dinero y asociación criminal. Este colaboró con el grupo de Sebastián Marset y Miguel Insfrán para introducir el dinero sucio al sistema financiero legal a través de la Cooperativa San Cristóbal, de cuyo Consejo Administrativo él era miembro, según la acusación.
Lea más: Los “inencontrables” y la complicidad estatal
En cuanto a Reina Mercedes Duarte Aguilera (40), fue persona de confianza de Marset y nexo entre este y Miguel Insfrán, así como también relacionada con el empresario Alberto Koube Ayala (50), accionista del Grupo Tapyracuai SA, quien está acusado por presunto lavado de activos y asociación criminal.
La hermana de Alberto, Fátima Irene Koube Ayala (41), acusada por asociación criminal, habría colaborado en el esquema de lavado a través de la citada empresa. Fátima Koube fue compañera de colegio de Reina Duarte.
Lea más: Diego Marset fue detenido en un condominio cerrado de Foz
Por otra parte, María Noelia Colmán Alarcón (29) se habría beneficiado financieramente de las ganancias provenientes del narcotráfico, a través de su pareja Alberto Koube.
Alexis Vidal González Zárate (38), acusado por lavado de dinero y asociación criminal, habría colaborado para el esquema de lavado de dinero, a través de la firma Total Cars SA, integrada con dinero supuestamente de Sebastián Marset, y que fue inaugurada junto con su hermano Tadeo Moises, que fue condenado por procedimiento abreviado.
Condenas a pena privativa de libertad y comiso de bienes
La magistrada Rosarito Montanía puso un punto final al proceso abierto a cinco acusados del caso A Ultranza Py, al condenarlos a penas de 2 años y 6 meses a 3 años y 6 meses más comiso de avionetas, vehículos y dinero en efectivo.
Estos procesados fueron declarados culpables de los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal, en calidad de autores.
La pena más alta, de 3 años y 6 meses, fue para Liz Fabiola Taboada Gamarra, esposa del supuesto narcopiloto prófugo Gilberto Sandoval.
Los pilotos Job Von Zastrow y Diego Cubas Jordan fueron sentenciados a 3 años y a 2 años y 6 meses de cárcel, en ese orden.
Por su parte Tadeo González Zárate e Irma Vergara, accionistas de la firma Total Cars, fueron condenados 2 años y 6 meses de prisión.
La sentencia establece además, el comiso de dos avionetas: una con matrícula ZP-BWN, Beechcraft Barón 58, modelo 58, vinculada a Job Von Zastrow Massi y otra de la marca Diper Aircraft, modelo bimotor, color gris, con matrícula LVJZA, propiedad de Silvana Palazón, vinculada a Diego Cubas.
Asimismo, el juzgado ordenó el comiso de la camioneta de la marca Chevrolet, modelo Silverado, año 2021, registrada a nombre de Von Zastrow y otra camioneta de la marca Toyota, modelo Fortuner 4x4 , año 2009, registrada a nombre de Cubas.
El juzgado ordenó el comiso del automóvil de la marca Mitsubishi, modelo Lancer, año modelo 2005, registrado a nombre de Carlos Alberto Agüero Paéz, vinculado a Diego Cubas.
A Taboada se ordenó el comiso de G. 54.985.000 en efectivo hallados durante el allanamiento a la vivienda de Liz Taboada realizado el 22 de febrero del 2022, además de una camioneta de la marca Hyundai, modelo Tucson, año 2022, registrada a nombre de la condenada.
Para el efecto, la magistrada recurrió al procedimiento abreviado, figura jurídica que permite la que permite la conclusión del proceso sin llegar a un juicio oral y público. Previa admisión de su responsabilidad en el ilícito investigado, el acusado recibe una pena reducida, pues este beneficio está previsto para aquellos delitos cuya expectativa de pena no exceda los 5 años.
“Antes de adentrarnos en el fondo de la cuestión, es importante destacar el papel fundamental que desempeña la aplicación del procedimiento abreviado en la descongestión del sistema judicial en el ámbito penal. Este procedimiento se caracteriza por simplificar las actuaciones procesales con el fin de agilizar el desarrollo del caso, sin menoscabar las garantías del procesado”, señaló la jueza.
“En este contexto, se reconocen las formalidades, requisitos y conductas que deben cumplir las partes involucradas para poder otorgar este beneficio a los imputados, permitiendo así la finalización del proceso de manera rápida, transparente, directa, definitiva y concreta” agregó.