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En conversación con ABC Cardinal este lunes, Alberto Martínez Simón, ministro de la Corte Suprema de Justicia, se sumó al debate actual sobre el uso de la figura penal de la prisión preventiva, que volvió a ser punto de interés de la opinión pública luego de que una jueza decretara la reclusión preventiva de un hombre que intentó hurtar carne por valor de 100.000 guaraníes de una tienda.
El ministro Martínez Simón recordó que recientemente la Corte Suprema emitió una acordada en la que “bajó línea” sobre lo que dicen la ley y la Constitución Nacional sobre la aplicación de medidas de prisión preventiva, indicando que se establece una “restricción muy cerrada” y que la privación preventiva de libertad ante hechos delictivos solo se debe aplicar cuando exista peligro de fuga del imputado, potencial de obstrucción de la investigación o de acuerdo a la gravedad del hecho.
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Señaló que, en muchos casos, “cuando hay un hecho criminal suele haber una reacción muy virulenta (de la opinión pública) exigiendo el encarcelamiento” del imputado y admitió que existen jueces, particularmente los de mayor antigüedad, que ocasionalmente se rigen por el sistema de justicia más “antiguo” que era más liberal en su aplicación de la prisión preventiva.
Sin embargo, opinó que la mayoría de los jueces del “nuevo sistema” son “en general bastante disciplinados en el ámbito de aplicar estas medidas restrictivas”.
“Existirán casos aislados donde se transgrede ese principio y se establece la prisión preventiva para casos que quizá no debería, pero las impresiones que tenemos es que se trata de una minoría”, agregó. “Eso no significa que no tengamos que tomar cartas en el asunto, hay ciudadanos afectados por estas medidas”, acotó.
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“Buscamos que los jueces apliquen medidas preventivas en los casos necesarios y no exagerar con ellas”, subrayó.
El papel “delicado” de la Corte Suprema
Indicó que el papel de la Corte Suprema en el asunto es “bastante delicado” porque debe cuidarse de no vulnerar la independencia y autonomía de los jueces, quienes -en teoría- son los que mejor conocen las circunstancias específicas de los casos que llevan.
Señaló, sin embargo, que hay “una cantidad importante” de investigaciones de casos “donde podría haber indicios de mal desempeño de magistrados”, especialmente en torno a la liberación irregular de personas en prisión.
Sobre la posibilidad de que haya jueces corruptos que usen la prisión preventiva como herramienta de “apriete” a personas procesadas –como se presume que ocurrió en casos de extorsión por los que fueron condenados miembros del clan político luqueño González Daher–, el ministro Martínez Simón dijo que la Corte es “plenamente consciente” de que hay magistrados con “actuaciones que no son muy claras”.
Indicó que cuando existen denuncias sobre la actuación de jueces se abren investigaciones y se hacen denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y que no se suelen confirmar las ternas integradas por jueces señalados por irregularidades.
Sin embargo, opinó que “la gran masa de funcionarios, jueces y fiscales” que conforman el Poder Judicial “son personas decentes”.