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Los agentes policiales imputados por supuesta extorsión a un chofer de Bolt y que intentaron infructuosamente recuperar su libertad por la vía del habeas corpus reparador son el oficial inspector Cristhian Fabián Rodriguez, el suboficial ayudante Alejandro Carlos Rocca y el suboficial primero Marcelo Barrios.
A través del abogado Osvaldo Araújo, los uniformados -que prestaban servicio en la comisaría 2ª de Asunción- pretendieron “blindarse” a la medida restrictiva de libertad dictada en el marco de la investigación abierta por supuesta extorsión denunciada por un conductor de la plataforma Bolt ante el Ministerio Público.
“Actualmente, mis defendidos no están imputados ni se ha puesto a disposición del Juzgado, por lo que habiéndose cumplido el plazo previsto en el art. 240 del Código Procesal Penal, vengo a solicitar la libertad de los mismos, sin que la misma signifique que los mismo estén exentos de presentarse ante la nueva citación o requerimiento tanto de la fiscalía como del juzgado”, señala el abogado Araújo en su escrito.
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Fiscalía informó sobre investigación de supuesta extorsión
Como primera medida, el magistrado solicitó informe al fiscal Federico Delfino, quien informó que la detención de los agentes fue dispuesta por resolución N° 02 dictada el martes 23 de enero, en el marco de la causa N° 01/2024 caratulada “Ministerio Publico c/ Carlos Eduardo Rocca y otros s/ Privación de libertad y otros”, en atención al pedido formulado por el Departamento de Antisecuestro de Personas de la Policía Nacional el 19 de enero.
Los tres agentes de la Policía Nacional fueron detenidos e imputados por supuestamente haber “plantado” drogas en el vehículo de un chofer de la plataforma Bolt, a quien exigieron supuestamente G. 5 millones para liberarlo. El supuesto caso de extorsión ocurrió el 31 de diciembre.
Delfino informó además, que las detenciones fueron efectivizadas en fecha 24 de enero de 2024 a las 12:10 horas en sede de la Dirección de Policía Asunción, tras lo cual se dispuso el traslado de los sospechados a la sede de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
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Los uniformados, que tienen antecedentes por hechos similares, fueron imputados por los supuestos hechos punibles de extorsión, asociación criminal y privación ilegítima de libertad.
El escándalo tomó proporciones insospechadas luego de que los agentes involucraran en el caso a un funcionario de la Unidad Antisecuestro y a dos abogados, lo cual motivó una segunda denuncia, esta vez del fiscal Delfino.
Funcionario fiscal y abogados, denunciados
“En conversación informal con los señores Alejandro Rocca, Cristhian Rodríguez y Marcelo Barrios (los policías imputados), han manifestado que un profesional de apellido Insaurralde, en comunicación constante con un supuesto asistente fiscal de nombre José, habrían sido los que exigían las sumas de dinero para que la investigación contra ellos no prospere en esta sede fiscal”, revela Delfino en su denuncia que ayer fue utilizada por el fiscal general Rolón”, explicó Delfino.
Coincidentemente, el fiscal Federico Delfino tiene un asistente fiscal de nombre José Ramón Cárdenas Martínez (32), quien automáticamente pasó a ser el principal sospechoso de haber extorsionado a los policías que supuestamente extorsionaron al chofer de Bolt.
De hecho, el fiscal general del Estado Emiliano Rolón ordenó la apertura de una investigación interna, de alcance aún administrativo, contra el citado asistente fiscal Cárdenas, quien es oriundo de Lambaré.
En cuanto a los abogados presuntamente implicados en la trama, en la denuncia se menciona a Omar Arístides Peña Mora (52), con matrícula 7.280, y Miguel Arturo Insaurralde Rivas (35), con matrícula 63.355, según la carta poder que aparentemente estos dos le quisieron hacer firmar a uno de los policías detenidos, Marcelo Barrios.
Supuestamente, estos abogados tenían incluso una copia de la carpeta fiscal, que les habría sido vendida por el asistente fiscal, documento con el que los profesionales de Derecho presuntamente intentaron convencer a los tres policías de que tenían influencias en la unidad de la Fiscalía Antisecuestro.
Según la denuncia del fiscal Delfino, el pedido hecho inicialmente a los policías, antes de que fueran detenidos, fue de US$ 10.000. Después, el monto trepó a G. 150 millones.
Un supuesto microtraficante de Fernando de la Mora, Víctor Manuel Dávalos (25), quien fue el que pidió el viaje al chofer de Bolt –aparentemente como para conducirlo a la trampa de los policías–, también tiene orden de detención.
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Privación de libertad de policías no es ilegítima, concluyó juez
“(...) la privación de libertad mencionada por los accionantes tiene su fundamento en una orden detención fiscal emanada del Agente Fiscal Abg. Federico Delfino en el marco de una causa penal que está en pleno trámite ante los Tribunales Ordinarios Penales de la Capital, específicamente el Juzgado Penal de Garantías N° 1 a cargo de la Juez Clara Ruiz Díaz de donde se comprueba que incluso el día de hoy los accionantes concurrirán a ese juzgado para que se estudie las medidas cautelares en el marco de un proceso penal en su contra con lo cual no existe ninguna violación a sus derechos constitucionales referentes a la libertad, de donde el presente habeas corpus resulta claramente improcedente”, concluye el magistrado.