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Ayer se dio a conocer que el IPS logró recuperar los documentos relacionados a los casos de planillerismo denunciados en la entidad y que habían desaparecido de una carpeta compartida en el Departamento de Control Interno de la entidad. De igual manera, el director jurídico del Instituto, José González, confirmó que esta documentación no formaba parte de las evidencias ni tampoco comprometía la investigación por el caso de venta de cargos o recategorizaciones.
“Es importante hacer hincapié en que esos documentos no eran relevantes para esta última investigación y no es como se quiere pintar que nosotros queríamos obstruir; nosotros tenemos elementos de pruebas contundentes”, aseguró en comunicación con ABC AM 730.
Asimismo, confirmó que hasta ahora hay siete personas identificadas como parte de este esquema de estafa: seis de ellas privadas de libertad y una prófuga.
Por otra parte, detalló que tienen copias de varias denuncias de las personas que fueron víctimas de los engaños y mediante estas continuarían las investigaciones correspondientes tanto en la previsional como en el Ministerio Público.
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Venta de cargos en IPS: una ONG y medicamentos
Por otra parte, González manifestó que una ONG también estaría implicada en el esquema de estafa, aunque reiteró que ese dato aún es preliminar y tampoco dio algún nombre específico.
Incluso, otras investigaciones también apuntan hacia un presunto negociado de medicamentos, pero de este último dato solo tienen “indicios”, pero ya fue comunicado a la Fiscalía para su investigación correspondiente, aseguró el funcionario.
“La idea es que caigan todos y no quede ninguno a salvo; que no haya impunidad y que la gente sepa que estas conductas no se pueden seguir permitiendo. La abogada también se presentaba como una víctima del sistema, pero los denunciantes le sindican a ella como el nexo principal y están los grupos de WhatsApp; engañaban a la gente para acceder a un trabajo”, concluyó.
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