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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Víctor Ríos y César Garay Zuccolillo, rechazó mediante el Acuerdo y Sentencia (AS) N° 1 el hábeas corpus genérico planteado por la defensa de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, procesado en el caso A Ultranza como supuesto líder de una megaorganización criminal. Con esto, Insfrán seguirá preso.
El supuesto capo criminal fundó su pedido de libertad al señalar que, en el marco de su prisión preventiva que cumple en la Prisión Militar de Viñas Cue, “estoy padeciendo con ella una serie de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que nada tienen que ver con la medida cautelar dispuesta”.
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Añadió que “se verifican inconstitucionalmente que me afectan personalmente y en forma permanente y sistemática, que violan la ley y mis derechos y que autorizan esta presentación”.
Incluso refirió que su encierro agrava “vejatoriamente mi dignidad personal, mi salud y mi vida, ya que soy privado de libre comunicación, así como de acceso a condiciones de vida y soy encerrado como un animal con absoluto, injustificado, arbitrario y sistemático exceso por mi situación de prevención bajo medida cautelar”.
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Hábeas corpus de Tío Rico no reunía requisitos, según ministros
Al momento de realizar un análisis y emitir una opinión, el ministro Luis María Benítez Riera, señaló que “la naturaleza del hábeas corpus, conforme a los presupuestos establecidos en nuestro ordenamiento constitucional y legal, es de un instituto jurídico destinado a dejar sin efecto situaciones de hecho que afectan gravemente la libertad de las personas”.
Refirió Benítez Riera que Insfrán Galeano “ha fundamentado su pedido de hábeas corpus genérico alegando modificación de las condiciones de habitabilidad y la autorización de ingreso de elementos, enseres y artículos de necesidad mínimos para soportar mi encierro”.
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Sin embargo, enfatizó el ministro preopinante que el procesado “en relación a las condiciones de habitación se encuentra en una habitación individual, con baño privado y las medidas de higiene y salubridad correspondientes”, además recibe diariamente desayuno, almuerzo y cena, además de tener “recomendaciones de la nutricionista del Hospital Militar Central de la Fuerzas Armadas, Cap. San Lizza Rossana Roy Martínez”.
En ese sentido sostuvo que “en definitiva, no procede la garantía constitucional de hábeas corpus genérico interpuesto a favor de Miguel Ángel Insfrán Galeano, en razón de que no se encuentran reunidos los presupuestos, al no existir privación de libertad ilegitima, ni tampoco afectación a otras formas de libertad personal”, por lo que votó por el rechazo. A su opinión se adhirieron los ministros Ríos y Garay.
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Informes sobre reclusión de Tío Rico
Para el análisis íntegro de la situación de Tío Rico solicitaron informes, los cuales fueron analizados también para emitir una resolución respecto al hábeas corpus planteado por el procesado Miguel Ángel Insfrán, quien está imputado por tráfico internacional de drogas, lavado de activos y asociación criminal por la Ley N° 1340/88 y su modificatoria Ley N° 1881/2002.
El 26 de mayo de 2023, la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Oganizado Rosarito Montanía, a través de su AI N° 114 estableció medidas de seguridad, las cuales son aplicadas al procesado Insfrán Galeano en su prisión en Viñas Cue. La msima fue apelada por el incoado, pero un Tribunal de Apelación las confirmó por AI N° 133 el 15 de junio de 2023.
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Es más, a través del AI N° 114 la jueza Montanía había establecido un protocolo de comunicación para Miguel Insfrán, con el uso de un celular, los lunes y miércoles por dos horas, proporcionado por los propios militares a cargo de su custodia. Esto bajo estricto control de las comunicaciones, con anotaciones de los números y personas con las que hablara.
En otra resolución, el AI N° 156 la magistrada hizo lugar, parcialmente, a las pretenciones de Insfrán tras una audiencia de revisión de medidas. Fue por cuestiones de salud del imputado. Sin embargo, le confirmó la prisión. Además, Insfrán fue inspeccionado por un médico forense del Poder Judicial, que concluyó que si bien tiene hipertensión, “es un adulto con buen estado general de salud”.
Cuarto mes de preliminar a 14 acusados por A Ultranza
El 12 de enero pasado se cumplieron ya cuatro meses en el desarrollo de la audiencia preliminar a 14 acusados en el caso A Ultranza, considerado uno el principal operativo contra el tráfico internacional de drogas realizado en Paraguay que contó además con colaboración de Estados Unidos, Europa y otros países de América del Sur. Al frente de la diligencia, que inició el 12 de setiembre de 2023, está la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía.
Los acusados son Conrado Ramón Insfrán Villar (33), hermano de Tío Rico, que está asistido por el abogado Rodrigo Alfonso Resquín; Alberto Koube Ayala (51) y su hermana Fátima Irene Koube Ayala (42), miembros del grupo Tapyracuái SA; Job Von Zastrow Masi (54), que recibe asistencia legal del abogado Pablo Villalba, y Luis Fernando Sebriano González (48), supuestos colaboradores de Marset, el primero como piloto y el segundo en logística.
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También a Liz Fabiola Taboada Gamarra (29), pareja del presunto narcopiloto prófugo Gilberto Sandoval, que está defendida por el abogado José Enrique García; María Noelia Colmán Alarcón (30), pareja de Alberto Koube, y Reina Mercedes Duarte Aguilera (42), alias Merchi, nexo entre Marset e Insfrán. Además, Tadeo Moisés González Zárate (30), accionista de la firma Total Cars y del Grupo San Jorge SA; su hermano Alexis Vidal González Zárate (39) y la pareja de este, Irma Vergara (40), alias Menchy, ka pareja es defendida por el abogado Nelson López.
Los procesados Alberto y Fátima Koube, así como Noelia Colmán, pareja del primero, reciben asistencia legal del equipo jurídico conformado por los abogados Rodrigo Alvarez, Mario Bobadilla, Diego Tuma y Carlos Jara Verón.
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Además del exdiputado Juan Carlos Ozorio Godoy (ANR), quien está siendo asistido por el defensor público Carlos Arce, que colaboró a través su cargo en la cooperativa San Cristóbal para el lavado de activos; José Enrique Gamarra Villalba (32), cuya defensa la ejerce la abogada Eva de White, quien habría ocultado los bienes, y Diego José Cubas (33), supuesto piloto.