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Las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, apelaron la absolución de culpa y reproche del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, del proceso por presunto enriquecimiento ilícito; y su esposa María Selva Morínigo de la causa por lavado de dinero, dictada el 21 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Víctor Alfieri, como presidente; Darío Báez y Alba González como miembros titulares.
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Las agentes del Ministerio Público solicitan a la Cámara de Apelaciones que anule la Sentencia Definitiva N° 599 alegando que la causa penal en cuestión es grave y no debe quedar impune por el solo hecho de haber sido incorrectamente analizado, en atención a que los jueces de primera instancia “no han cumplido con su deber de impartir justicia conforme a los lineamientos del Código Procesal Penal”, de acuerdo a lo que resalta parte del escrito de apelación que fue presentado este viernes 12 de enero del corriente año.
Las fiscalas de la causa solicitan el reenvío de la presente causa penal para un juzgamiento adecuado y que el nuevo oral y público quede a cargo de un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos.
Argumentos de la fiscalía
La fiscalía se agravia por el rechazo para incluir como prueba del informe sobre el movimiento de ganado que realizaron Gregorio Lorenzo Presentado Benegas y el Dr. Gregorio Presentado Prante así como el testimonio de este último, que el Juzgado de Garantías había excluido con el argumento que debió hacerse bajo las reglas de una pericia.
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Otro punto que agravia a las fiscalas del caso es la falta de fundamentación del Tribunal de Sentencia sobre las pruebas producidas en el juicio con los informes de los peritos Mateo Nakayama y Javier González, así como sus testificales, teniendo en cuenta que guardan relación directa con el hecho punible de enriquecimiento ilícito, por tratarse de pruebas de los ingresos y egresos del exfiscal Javier Díaz Verón y su esposa María S. Morínigo.
“Claramente no tuvieron en cuenta las pericias, que de ser valoradas confirmarían la acusación fiscal y, a pesar de tener a la vista una nombre que rigen los principios de estimación de la diferencia entre ingresos de gastos, la mutila a fin de que su aplicación al cincuenta por ciento del valor favorezca a los procesados”, puntualizan.
Respecto a la declaración del perito Javier González en el juicio, que fue duramente cuestionado por el tribunal, la fiscalía argumenta que o los jueces no le prestaron atención o no entendieron lo que declaró el profesional.
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Afirman que probaron hechos
En el escrito de apelación las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera responden a la postura del Tribunal de Sentencia, que al momento de dictar la absolución de culpa y reproche del ex fiscal Javier Díaz Verón y esposa, calificaron como deficiente el trabajo investigativo del Ministerio Público; además de mencionar los informes de la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas, que dictaminaron favorablemente la gestión del procesado en su cargo de fiscal general del Estado.
Respecto a estos puntos, las fiscalas resaltan que han llevado a cabo un exhaustivo trabajo para colectar todas las pruebas presentadas en el juicio oral y público, que a criterio de ellas, sustentan plenamente la acusación; y consideran que “no tiene sustento jurídico la apreciación generada en el fallo, del por qué la fiscalía no tuvo en cuenta esos documentos, pues la ley es muy clara”.
Agregan que si hubiesen tenido en cuenta dichos elementos el Ministerio Público estaría violando la ley, ya que las resoluciones de la Contraloría y el Tribunal de Cuentas sería avalar que son necesarios los delitos precedentes para el hecho de enriquecimiento ilícito.
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En sus alegatos finales las agentes fiscales solicitaron que Francisco Javier Díaz Verón sea condenado a 8 años de cárcel, más 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos por supuesto enriquecimiento ilícito de G. 10.495.174.320; mientras para que su esposa pidieron 5 años de prisión por el hecho de lavado de dinero.