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Los ministros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Dejesús Ramírez Cándia, César Antonio Garay y María Carolina Llanes Ocampos, resolvieron de forma unánime mediante el AI N° 832 rechazar la recusación planteada contra jueces miembros de la Segunda Sala del Tribunal de Apelaciones en lo Penal, en el caso Rodrigo Quintana.
Los abogados recusantes fueron Óscar Fabián Mora y Ana Mora de Ramírez, quienes ejercen la querella adhesiva en representación de Leticia Redes, que es exesposa y madre de la hija del joven asesinado Rodrigo Quintana, en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en la madrugada del 1 de abril de 2017 en el contexto de las protestas contra la reelección pretendida por el entonces presidente del Paraguay, Horacio Cartes.
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Tanto Óscar Mora como Ana Mora habían recusado a los camaristas Bibiana Benítez Faría, José Agustín Fernández y Delio Vera Navarro, bajo el argumento de que los mismos ya habían intervenido anteriormente en la citada causa al dictar el AI N° 389 el 18 de noviembre de 2019.
Este fallo de la Sala Penal de la Corte confirmó a los magistrados, quienes ahora deberán resolver al respecto el incidente que fue elevado a esa instancia. Debido a las constantes chicanas suscitadas por el homicidio de Quintana, a casi 7 años del caso aún no pudo sustanciarse la audiencia preliminar contra el suboficial Gustavo Florentín, único acusado.
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Ministros votaron por el rechazo
Al momento de su análisis, el ministro preopinante Manuel Dejesús Ramírez Cándia señaló que los camaristas en su defensa indicaron que “no existen circunstancias que pongan en tela de juicio su imparcialidad e independencia y niegan haber emitido preopinión alguna”.
En ese mismo sentido los recusantes invocaron el artículo 50° del Código Procesal Penal (CPP), que establece los motivos de recusación, a lo que Cándia refirió que si bien los camaristas recusados tuvieron intervención anterior en el caso, con la resolución citada, pero solo analizaron cuestiones incidentales y no de fondo, por lo que no configura la causal alegada y por tanto corresponde su rechazo. A este voto se adhirió la ministra Carolina Llanes.
A su turno, el ministro César Garay expuso que los abogados Mora señalaron contra José Agustín Fernández y Delio Vera Navarro, como motivo de recusación la “preopinión”, mientras que contra Bibiana Benítez “enemistad manifiesta y resentimiento”. Todos los magistrados refutaron los señalamientos detallando que los mismos auxiliares de justicia los habían recusado anteriormente por idénticos motivos.
“La causal de preopinión, se configura cuando los Juzgadores han exteriorizado dictamen o juicio de valor respecto a la forma en que deben ser resueltas las cuestiones debatidas en el pleito. Los prejuzgamientos deben ser expresos”. Además, “respecto a las causales de numerales 12) y 13), enemistad de hechos conocidos o cualquier motivo grave que manifieste imparcialidad, las alegaciones de recusantes carecen palmariamente de sustentaciones, además de insanable y evidente orfandad probatoria”, manifestó Garay al tiempo de votar por el rechazo de la recusación.
Primera chicana de la querella en el caso Rodrigo Quintana
Según el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante de los padres de Rodrigo Quintana, esta acción de la querella tuvo como única finalidad de apartar al entonces juez Alcides Corbeta, quien era el juez original de la causa. El magistrado tenía causal de inhibición con respecto a Frutos.
Esa fue la primera de una larga lista de intervenciones que tenían como único fin dilatar el proceso, de acuerdo a un recuento realizado por los abogados de la familia Quintana.
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En tanto siguen las dilaciones por parte de la querella adhesiva, el único acusado por el homicidio del joven dirigente liberal, Florentín Silva, ya obtuvo su libertad porque estuvo por más de 5 años con prisión preventiva sin que haya recaído sentencia definitiva.
Responsable del estancamiento del caso Rodrigo Quintana
Redes tiene como representantes legales a los abogados Óscar Fabián Mora y Ana Mora de Ramírez. Esta última forma parte de una rosca encabezada por el exsíndico de Quiebras Blas Velázquez, hoy procesado, protegido del ex miembro y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes.
Fidelino “Ino” Quintana, padre de Rodrigo Quintana, había indicado a ABC que Ana Mora es la principal promotora de que la causa por el homicidio doloso de su hijo no avance. “Ella no quiere que se sepa quién dio la orden”, afirmó. Detalló además que la letrada primero quiso sumarse a los abogados de la familia Quintana, pero cuando le negaron la intervención, entró como representante de la hija de Rodrigo Quintana.
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Desde que ingresó a la causa, Mora ha intentado apartar a como diera lugar a los padres de Rodrigo, a pesar de que su representada ya no tenía vínculo alguno con el joven asesinado.
“Ahora resulta que nosotros no tenemos más poder sobre la causa de Rodrigo, no tenemos potestad para seguir con la causa”, lamentó el padre del joven asesinado en la madrugada del 1 de abril de 2017, en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico.
Más de 40 chicanas y ninguna sanción
En total, Mora y Ramírez realizaron 42 presentaciones entre recusaciones, desestimaciones, impugnaciones, desistimientos y demás. A pesar de la cantidad de chicanas planteadas, ninguno de los letrados fue sancionado por parte del Poder Judicial.
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Ya en febrero de 2020, el juez Alcides Corbeta les advirtió sobre la temeridad de su conducta y el ejercicio abusivo del derecho en el presente proceso en razón a la visible carencia de fundamentos en los escritos presentados, con los cuales obligan y hasta pretenden dilatar las resultas del juicio.
Entre las 42 presentaciones, los abogados realizaron varios intentos para apartar a los padres de Rodrigo.
El primer intento fue en marzo de 2019, cuando contestaron el traslado luego de que el abogado Óscar Latorre planteara una excepción de falta de acción en representación del excomisario Tomás Paredes Palma.
Los abogados de la expareja de Rodrigo Quintana se adhirieron a esa excepción que fue rechazada por el entonces juez de la causa Alcides Corbeta.
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