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El sonado caso del título de abogado del senador colorado de Honor Colorado (HC), Hernán Rivas, que fue otorgado por la Universidad Sudamericana podría cerrarse sin que el integrante de la Cámara Alta siquiera pueda ser imputado penalmente. Esto debido a que la sanción penal ya habría prescrito en junio de 2023.
La fiscala del caso, Patricia Sánchez, informó a ABC que la dudosa autenticidad del título de abogado de Rivas fue denunciado en el año 2020, por el abogado Federico Campos López Moreira, ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público; sin embargo, la misma no fue admitida por no cumplir con lo requisitos de forma, según informe remitido a la investigadora desde esa unidad fiscal.
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La presente investigación que lleva a cabo Sánchez es una derivación de la denuncia noticia criminis presentada por la fiscala de Villeta, Casse Giménez, el 25 de octubre de 2023. En este marco aún están pendientes de respuesta varios oficios, entre ellos del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Sin embargo, la representante del Ministerio Público señaló que “hasta hoy hay elementos de sospecha sobre tráfico de influencias y producción mediata de documentos públicos de contenido falso”, que tienen una expectativa de pena privativa de libertad de hasta 3 años, cada uno.
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Autenticidad es difícil de corroborar, dice fiscala
En otro momento la fiscala Patricia Sánchez sostuvo que si bien son fuertes las sospechas sobre la comisión de los citados hechos punibles, actualmente resulta “imposible corroborar” la autenticidad del contenido del título de Rivas “porque la documentación que lo sustenta, que es ese certificado de estudios, ya no existe en la Universidad Sudamericana”.
Agregó en cuanto a la producción de documentos públicos de contenido falso, que tras un análisis de los elementos obtenidos hasta cumplen con los requisitos de la teoría del delito al ser un hecho típico, antijurídico y reprochable, pero “lo que está en juego es la punibilidad por la vigencia de la sanción penal por el tiempo transcurrido entre la comisión del hecho y el inicio de la causa”, amplió la fiscala.
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La agente fiscal aclaró que el ilícito que investiga no es el de producción de documentos falsos, sino aquellos cuyo contenido es falso. Así, los primeros “se pueden definir como aquel documento no auténtico es que no proviene de su autor, como títulos y certificados de estudios, que en este caso provienen de las personas que le proveyeron, pero su contenido no se puede corroborar porque la Universidad Sudamericana se deshizo de la documentación cuya antigüedad supere los cinco años”.
Esto teniendo en cuenta que Hernán Rivas habría culminado la carrera de Derecho en el año 2015. Es en este mismo periodo en que se dispone la clausura de la carrera de Derecho en todas las filiales de la Universidad Sudamericana, pero esta acción no impidió que aquellos alumnos que culminaron sus carreras puedan tramitar sus documentos académicos.
El 2 de marzo de 2020 Hernán Rivas solicitó ante la Universidad Sudamericana la tramitación de su título de abogado, cinco años después. Seguidamente, la Universidad ingresó el pedido de registro de título ante el MEC el 8 de junio de 2020 a las 17:30 y, el 9 de junio a las 12:00 se emanó el dictamen favorable; a las 12:06 ya se dictó resolución y ese mismo día Rivas retiró su título de la alta casa de estudios.
El hoy senador Hernán Rivas de esa forma logró algo prácticamente imposible, la titulación en un solo día.
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Fiscala quiere culminar pesquisa
Sánchez señaló que tomó declaración a varias personas, entre ellas a los abogados Óscar Rodríguez Kennedy y José Casañas Levi. Igualmente, reiteró que aguarda la respuesta de otras entidades a las cuales remitió oficios solicitando información.
“Quiero terminar de dar trámite a esta investigación” porque “tengo para expresar la sospecha de un hecho, pero el cómputo de la prescripción es de orden público, entonces de qué sirve formular una imputación si después no voy a poder lograr una sanción”, expresó la fiscala.
Añadió que “puedo llegar hasta acá, finalmente la denuncia que ingresó en el año 2020 no tuvo una tramitación. Ahí sí hubiese corrido el plazo para formular alguna cuestión procesal para iniciar con una imputación, pero tres años después es complicado con el tiempo encima”.