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El tribunal de sentencia integrado con Héctor Fabián Escobar y los miembros titulares Carlos Hermosilla y Federico Rojas, argumentó que en el juicio oral y público se comprobó que ambas procedieron a librar 102 cheques cuyo titular era la Asociación de Funcionarios Públicos para extraer sumas de dinero de la caja de ahorro que tenía este gremio en el Banco Familiar SAECA. en total violación con el deber de cuidado que tenían ambas acusadas.
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El tribunal agregó que del patrimonio que estaban administrando las acusadas se produjo una disminución considerable, y que con las conductas de ambas, han frustrada la finalidad económica de la Asociación de Funcionarios Públicos, que debía ejecutarse a través del dinero que se encontraba en esta cuenta, que tenía que esencialmente destinarse a la ayuda social, la compra de medicamentos, créditos para los socios, entre otros servicios.
El tribunal de sentencia entendió que la pena justa, racional y proporcional era la de 2 años y medio de pena privativa de libertad, sanción que fue recibida con beneplácito por los miembros de la Asociación que acompañaron la lectura del fallo. Fundamentalmente, la conducta atribuida a las ahora condenadas es sumamente reprochable por el doble perjuicio moral y económico ocasionado por la acción dolosa.
Por otro lado, el tribunal de sentencia ya no condenó por el hecho punible de apropiación porque entendió el colegiado que esta conducta de las acusadas se encuentra absorbida por el delito de lesión de confianza, por lo que fueron condenadas como coautoras de éste último hecho punible mencionado.
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Querella está satisfecha y buscarán la reparación del daño
Para el querellante adhesivo, abogado Rodrigo Yódice la sentencia condenatoria de 2 años y medio es un éxito, ya que se demostró la culpabilidad de las procesadas, y asimismo estuvo de acuerdo con el marco penal aplicado por el tribunal de sentencia.
Sobre recuperación del monto despojado a la Asociación, el abogado dijo que lo primero que van a buscar es que la condena quede firme, y luego van a plantear el procedimiento reparatorio e intentar recuperar la suma desviada de G. 1 240 millones, o por lo menos, acercarse al daño patrimonial ocasionado a la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay, que nuclea a 19.000 socios.
“La afectación a este gremio no solamente fue en lo económico, sino fundamentalmente en lo moral, ya que el dinero que fue sustraído tenía que utilizarse para fines de ayuda social a los numerosos socios”, refirió Yódice.
Los fiscales Elena Fiore y José Martín Morínigo en el juicio oral y público habían solicitado penas de 3 años de cárcel para Nélida Huespe de Peralta y Celina Villalba de Lovera.
Por su parte, la querella adhesiva representada por los abogados Rodrigo Yódice y Jorge Arturo Daniel, requirieron al tribunal la imposición de 4 años de prisión.
La lesión de confianza
Según la querella adhesiva y la Fiscalía, las pruebas periciales, documentales y testificales, demostraron que a partir del 29 de diciembre de 2014 al 13 de marzo de 2015, y una operación concreta en setiembre de 2015 de G. 20 millones, se perpetró un despojo a la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay de un total de G. 1.240.971.193, suma que tenía depositado el gremio en la cuenta de ahorro del banco mencionado, alegaron los acusadores.
La Fiscalía y querella adhesiva concuerdan que Nélida Huespe de Peralta y Celina Villalba de Lovera, valiéndose de los efectos de una resolución ilegal e ilegítima como lo es el Acuerdo y Sentencia N° 54 de 2014, lograron acceder de manera totalmente ilegal a una presunta representación en la Asociación Central de Funcionarios Públicos, que no era tal, indicaron.
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Si bien es cierto que las mismas no tomaron posesión de cargo, se valieron de la mencionada resolución judicial para cambiar el registro de firmas de las cuentas que tenía la Asociación de Funcionarios Públicos en el Banco Familiar, para de esta manera disponer del dinero en las fechas indicadas, hasta vaciarlas, según la acusación.