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La senadora Kattya González dio que hay una discusión sobre el proyecto de ley de servicio civil principalmente con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, pues según entiende la parlamentaria, se utilizará como matriz un proyecto presentado en la época de Mario Abdo Benítez, pero que fue impedido cuando cuando un grupo de sindicatos salió al paso, a solicitar que no se trate en pandemia la reforma del servicio civil.
La senadora reconoció que el proyecto en cuestión está bien redactado y contiene los puntos que permiten determinar una carrera de servicio civil. Comentó que el ministro de Finanzas se comprometió a presentar esta semana sugerencias de modificaciones a este proyecto original, habida cuenta de la falta de aplicación de la ley 1626.
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Ya no quieren manejarse a través de acciones de inconstitucionalidad, explicó.
Se dividiría carrera en dos partes
“Hay que recordar que esta ley atacada de inconstitucional y la Corte durante 23 años permitió que se funcione a través de medidas acautelares de suspensión de varios artículos de esta ley”, dijo González.
Para que ya no ocurra esto, el plan es dividir la carrera del servicio civil en dos partes: una matriz general para aplicar a todas las instituciones del Poder Ejecutivo, para que se cumpla y no hayan acciones de inconstitucionalidad y, dos, generar la posibilidad de que órganos autónomos realicen su propia legislación y reglamenten su carrera de funcionario legislativo.
Tienen 45 días para leer el proyecto de servicio civil
Kattya González propone que la Corte debería hacer lo propio “porque hay funcionarios sin concurso ni preparación”.
Esta ley se trataría al inicio del periodo legislativo en marzo, por lo que se tienen 45 días para tener leer el proyecto.
La senadora coincidió en que esta ley es imperiosa. “Si el Gobierno cede un poco su visión hegemónica este proyecto podría aprobarse por unanimidad”, reconoció la legisladora.
La ley en cuestión establece principios rectores de la carrera de la función pública. A su vez, esa ley regulará el funcionamiento, ingreso, permanencia, escalafonamiento y ascenso de todos los funcionarios públicos que son alrededor de 300.000.